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1 | 03 | 2017

PROYECTO RESOLUCIÓN N° 21157. FECHA 01-03-2017. COMPLEJO ESPERANZA – CONVOCATORIA OPERADOR DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que en un plazo de 7 (siete) días, y en virtud del Art. 102 de la C.P., informe sobre distintos aspectos referidos a la convocatoria a cubrir puestos de “operador de asistencia y seguridad” para el Complejo Esperanza:

Sobre la convocatoria: bases y condiciones del proceso de selección publicada en la página del Gobierno de la Provincia (www.cba.gov.ar/convocatoria-a-cubrir-puesto-de-operador-de-asistencia-y-seguridad).

  1. Bajo qué encuadramiento administrativo estarán los nuevos operadores de “asistencia y seguridad”. Alcance de dicho encuadramiento y categoría.
  2. En cuanto a las funciones del puesto a cubrir (I3):

a)    A qué protocolo se refieren los puntos 1 y 4. Adjúntelos y a su vez publíquelos en la web donde se efectúa la convocatoria.

b)   Qué implica “intervenir” tal como lo expresa el punto 6. Cuál es el alcance de dicha intervención.

     3.En cuanto a las competencias (I4) no se advierte ninguna descripción de competencias personales. ¿Cree ese Ministerio que sólo es necesario que quienes se postulen a este cargo tengan Compromiso, Adaptabilidad en lugares de encierro y Disponibilidad para trabajar interdisciplinariamente y capacitación continua? ¿Cuáles serían las competencias personales que ese Ministerio espera de quienes se postulan.

     4.En cuanto a los requisitos deseables (I7):

a)   ¿A qué se refiere con cursos de capacitación afines al puesto? ¿Existe en ese Ministerio un registro de que en nuestra provincia se dicten cursos afines a lo que está solicitando?

b)   “O experiencia en trabajos similares”: cuáles serían considerados trabajos similares.

     5.En cuanto al curso obligatorio (II4), qué carga horaria tiene. Dice que se dictará desde el 13/03/17 al 17/03/17. ¿Esos días son para fragmentar la capacitación de acuerdo a la cantidad de inscriptos o son 5 días de capacitación para todos? ¿Cree ese Ministerio que una currícula como la que se plantea es posible de abordar en un curso, como máximo, de 5 días

      6.¿Cuál es el fundamento por el que no se incorpora en todo el proceso de selección y como elemento determinante una valoración psicológica de la personalidad de los postulantes?

Liliana Montero

Legisladora Provincial

FUNDAMENTOS

El gobierno de Córdoba se apresta a incorporar 30 “guardias”, sin que estos atraviesen una evaluación psicológica y con apenas 5 días de formación. Lo hace luego de todos los problemas –violencia, tomas de institutos- que tuvieron como protagonistas a las personas encargadas de velar por la contención y seguridad de los jóvenes en conflicto con la ley penal del Complejo Esperanza debido, principalmente, a no tener formación –casi todos punteros políticos-, luego de un habeas corpus que derivó en la orden judicial a la Provincia para que esta incorpore profesionales socioeducadores y así darle un marco de mayor seriedad al tratamiento de los jóvenes.

Se trata de la convocatoria para cubrir tres decenas de puestos de “operador de asistencia y seguridad” (conocidos como “guardias”). Para presentarse, sólo se debe acreditar poseer el DNI y el secundario terminado. No es un chiste de mal gusto: es una vergüenza. Es una falta de respeto al compromiso de muchos profesionales que sí están interesados en que las cosas funcionen. Es una traición a los compromisos asumidos, a la posibilidad de que los jóvenes puedan encontrar un proyecto de vida distinto.

La única formación obligatoria que figura es un curso que dicta el propio Gobierno entre los aspirantes. El denominado “curso obligatorio de aproximaciones teórico-prácticas” dura apenas cinco días (desde el 13/03/2017 al 17/03/2017) y representa el 40 por ciento de la nota global para ingresar. Reiteramos: no es un chiste de mal gusto. Es una burla: en apenas la cantidad de días hábiles que tiene una semana, el aspirante debería aprender –supuestamente- el siguiente contenido:

1.      Objetivos y funciones del ingresante como personal de seguridad y asistencia.

2.      Estructura Orgánica y Funcional del Ministerio de Justicia – SeNAF.

3.      Legislación Nacional, Provincial e Internacional vigente en relación a Infancia y Adolescencia.

4.      Estructura y procedimientos del Sistema Penal Juvenil – Centros Socioeducativos, modalidades de intervención, medidas de seguridad, alojamiento y traslados, sistema de salud para los jóvenes, actividades deportivas-educativas-laborales.

5.      Pautas y estrategias de intervención con jóvenes privados de libertad.

Enumeramos el contenido del taller para que quede explícito cómo funciona en la Provincia la lógica de pretender hacer algo para no hacerlo. Pretende capacitar al personal que esté en contacto diario con una población de alto grado de vulnerabilidad social, pero la tarea es un imposible: enseñarle toda la legislación vigente (nacional, provincial e internacional) sobre infancia y adolescencia, abordar las pautas y estrategia de intervención con jóvenes privados de libertad, entre otros temas, en apena cinco días –y ni siquiera se sabe cuántas horas de duración tendrán esas jornadas de capacitación-.

Hay otra “perlita”. El curso da hasta 40 puntos (sobre un total de 100). Un título terciario da apenas 5 puntos y uno universitario 10 puntos. Es decir, el curso de capacitación obligatorio de cinco días que dicta el gobierno cuadriplica en puntos un título universitario de cuatro, cinco o seis años de formación. Y esto no termina allí: dos cursos de capacitación “afines” dan 10 puntos (no da especificaciones, por lo que podrían ser, por ejemplo, dos cursos de dos horas), lo mismo que un título universitario. La entrevista personal, la más discrecional de las instancias, suma 25 puntos.

Esto adquiere mayor gravedad ya que sí existen algunos espacios de formación específica. Por ejemplo, existe una carrera de la Universidad Provincial de Córdoba (es decir, la Provincia hace una inversión académica importante) que brinda una formación de cuatro años de duración. Se trata de la Licenciatura en Pedagogía Social, que, entre sus objetivos, están los de diseñar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos socioeducativos que promuevan la integración y la promoción inclusiva de colectivos y sujetos  en situación de vulneración de derechos.

Hay detalles que muestran también lo poco que importa la formación y la experiencia. En la sección “bibliografía recomendada” no hay nada cargado en la página web de la convocatoria (www.cba.gov.ar/convocatoria-a-cubrir-puesto-de-operador-de-asistencia-y-seguridad), simplemente la leyenda “En construcción. Próximamente se publicará el material bibliográfico recomendado”. Otra vergüenza, si se tiene en cuenta que la recepción de CV con documentación abrieron el 23 de febrero y que desde el 13 de marzo comienza el curso de capacitación obligatorio.

Recordamos que este personal es el encargado de estar día a día con los jóvenes. Una de sus funciones es, según la propia convocatoria, “custodiar, contener y acompañar” a adolescentes en conflicto con la ley penal. También participar –junto a profesionales- de la labor socioeducativa de los adolescentes alojados en el Complejo, así como “intervenir en situaciones de conflicto entre adolescentes, favoreciendo el diálogo y la resolución de conflictos”. Recordamos que esta población necesita mucho más que una persona con el secundario terminado y un curso de cinco días de formación para ser contenida y acompañada; para que, en caso de conflicto, el canal sea el diálogo.

En esta población existen problemáticas como ideaciones e intentos suicidas, autoagresiones y heteroagresiones, dificultad en control de impulsos, crisis de ansiedad y angustia, consumo problemático de sustancias, configuraciones familiares complejas y conflictivas, crisis de ansiedad y angustia, precariedad en los vínculos, estigmatización social, baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, interrupción de la educación, deserción escolar, dificultades en la planificación y concreción de un proyecto de vida y laboral.

¿Cómo se puede garantizar la custodia, la contención, el acompañamiento, la resolución pacífica de conflictos, de un joven proveniente de una población con las mencionadas características de parte de personas a las que sólo se les exige secundario terminado y un curso de cinco días de duración, sin ni siquiera haber pasado por una evaluación psicológica específica para el cargo como requisito previo?

Para atender esta población, es esencial que los aspirantes atraviesen una evaluación de aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar y social en la cual conste como mínimo una descripción de las características de personalidad, aptitud para estar en contacto cotidiano con jóvenes menores de edad de las características mencionadas

Por eso, sorprende también la grosera omisión de incluir en la convocatoria, como requisito, una evaluación psicológica integral previa a la incorporación de estos agentes. De hecho, en diciembre pasado ingresamos un proyecto de ley de mi autoría (número 20908, fecha 28/12/2016) en el que se establece como requisito para ocupar este tipo de cargo el de “poseer un perfil psicológico apto para desempeñarse en relación a los jóvenes en conflicto con la ley penal”. Y que dicho perfil debe garantizar: a) características de personalidad; b) que la persona no posee indicadores que hagan presumir alteraciones en su conducta impulsiva, en el manejo de su sexualidad y  en el criterio de realidad; c) que la persona se encuentra en condiciones psíquicas de establecer una relación de cuidado hacia niños, niñas y/o adolescentes; d) Lo que por vía reglamentaria establezca la autoridad de aplicación.

Tampoco queda claro en qué condiciones de contratación laboral estarán, qué escalafón les regirá. Recordemos que este vicio es el que se arrastra con los guardias existentes y que ha sido fuente de grandes disputas que terminan pagando los jóvenes.

Por todas estas razones, solicito que se apruebe el presente proyecto de resolución.

 

Liliana Montero

Legisladora Provincial