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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 24987. FECHA 15-05-2018. FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 

Dirigirse al Ministerio de Salud para que en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Provincial y en un plazo no mayor a 14 (catorce) días informe sobre diversos aspectos referidos sobre el funcionamiento del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.

  1. Sobre los Recursos Humanos:

a)   ¿Cuántos profesionales los conforman los equipos técnicos en abril 2018? ¿Con qué sistema de contratación detallando si son de planta permanente, monotributo, contrato u otro para cada uno de ellos. Adjunte nóminas de personal de enero a abril inclusive en el que se especifique hasta cuando duran los contratos y las condiciones de los monotributistas

b)   ¿Cuántos profesionales de los equipos técnicos se encuentran de licencia? Adjunte nómina de licencias con duraciones de cada una.

c)   Para aquellos profesionales que se encuentran efectivamente prestando servicios en abril, adjunte listado que detalle: Apellido, Nombre, Profesión y área/lugar del hospital dónde presta servicios, tipo de dedicación en horas semanales estimadas.

d)   ¿Se ha solicitado alguna modificación de dedicación de los profesionales tanto contratados como de planta, ya sea en carga horaria o en tipo de tareas, durante 2017 y durante cuatrimestre de 2018? En caso afirmativo detalle condiciones. En caso de que dichos cambios se enmarquen en un cambio de condiciones de contratación y/o salarial, explique pormenores.

  1. 2.   Sobre condiciones de infrastructura:

a)   ¿Con qué sistemas de control del fuego y de prevención de incendios cuenta la institución?¿Quién/es realizan los controles de dichos sistemas y con qué frecuencia? Detalle modalidades que se utilizaron durante el transcurso de 2017 y primer trimestre 2018. ¿cuál es el protocolo a seguir en caso de incendio?

b)   ¿Cuántos sanitarios (innodoros, bidet, bachas de baño, etc) fueron dañados durante el año 2017 y primer cuatrimetre de 2018? ¿Cuántos de ellos fueron repuestos y/o reparados encontrándose nuevamente en funcionamiento? Detalle los pasos del sistema de compras y de reparaciones y los montos destinados a tal fin durante el período mencionado. Identifique criterios que definen esas compras y ese tipo de sanitarios (comunes, antivandálicos, etc.)

  1. 3.    Sobre condiciones de seguridad:

a)        ¿Cuántos pacientes se escaparon de la institución durante 2017 y primer cuatrimestre 2018? ¿A qué causa se adjudica esta “fuga”?

b)        ¿Qué estrategias se articulan con las fuerzas de seguridad de la provincia? Adjunte convenios si los hubiera y describa modalidades de funcionamiento.

c)        ¿cómo se evita que los pacientes puedan acceder a drogas ilegales dentro de la institución? Detalle modalidad y adjunte convenios si los hubiera.

4. Sobre pacientes:

a) ¿Cuántos pacientes ingresaron a la institución de manera voluntaria y sin derivación  durante 2017 y primer cuatrimestre 2018?

b) ¿Cuál es la oferta de actividades disponibles para los pacientes que no sean autogestionadas? Adjunte días y horarios de cada una. Detalle responsable/s de la misma.

c) ¿Cómo se promueve la participación de los pacientes en las actividades detalladas en punto anterior (4.c)?

d) ¿Quién provee la comida para los pacientes? ¿cómo se definen esas contrataciones? y ¿cómo se ajusta la dieta calórica que estandariza salud de la provinica a las particularidades de los pacientes del I.P.A.D.?

Liliana Montero

Legisladora Provincial

FUNDAMENTOS

Nuestras visitas a los distintos hospitales, centros e institutos abocados a brindar servicios a personas que sufren algún tipo e padecimiento psíquico han sido una constante de mi labor legislativa.

Visitas para conocer la realidad visible de los centros que asisten la salud mental de la Provincia de Córdoba que, muchas veces, difiere significativamente con aquello que el ejecutivo sostiene en los documentos, planos, proyectos y en los cálculos presupuestarios.

Preocupados por esa realidad es que hemos dado curso a diferentes iniciativas parlamentarias entre las que queremos destacar la que presentábamos en 2012 declarándose la “Emergencia en Salud Mental” (Expte. 8857/L/12)

En el mismo año, instábamos al Poder Ejecutivo Provincial, a reglamentar la Ley No 9848, previa convocatoria al “Consejo Consultivo para la Salud Mental”  (Expte. 9583/L/12)

Dos años después algunas cosas habían mejorado pero volvimos a pedir informes sobre diversos aspectos relacionados con los Servicios de Salud Mental de los Hospitales Públicos Provinciales, polivalentes y monovalentes (Expte. 15404/L/14) vinculados a servicios que no se estaban brindando o a irregularidades en las prestaciones.

El año próximo pasado, declaramos nuestro rechazo al proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, Expediente Ministerio de Salud No 120020000024933166. (Expte. 23655/L/17) y participamos activamente en septiembre 2017 de las reuniones en las cuales el Ministro de Salud de la Provincia, junto a los equipos de Salud Mental explicaron rimbombantes inversiones en el área.

El jueves 12 de a abril de 2018 visitamos el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.Lo primero que nos llamó la atención fue la reacciónde la Subdirección frente a la visita sugiriendo que la agresión y el maltrato como una constante excede el trato con los pacientes. Recorrimos las instalaciones y encontramos también discrepancias y contradicciones en los relatos de los diferentes actores sociales que por allí transitan.

Profesionales que perciben que la cantidad de recursos humanos son insuficientes para la magnitud de la tarea que allí se presta, familiares de pacientes que consideran que los mismos no reciben tratamiento a menos que la demanda venga de mano de la justicia, pacientes que consideran que estar internados enferma más de lo que cura porque no tienen nada para hacer, porque se los ata y porque no reciben comida suficiente; conviven con profesionales que consideran que todo está muy bien en el I.P.A.D. y que son necesarios sistemas de sujeción físico y químicos.

En términos de infraestructura pudimos ver los cambios. Algunos realizados con criterios de razonabilidad del gasto e “inversiones” realizadas como “quien tira manteca al techo”.

También encontramos igual que en nuestra visita anterior, una habitación tiznada por un incendio reciente. Por suerte esta vez no hubo víctimas fatales ni heridos.

Parece que la inversión edilicia y de equipamiento se realiza sin siquiera contemplar de lejos el escenario porque cualquiera que conoce la realidad de los pacientes que acuden (o son mandados) al I.P.A.D. por ayuda sabe que hay que extremar cuidados con inversiones que rápidamente se pueden romper, sacar y (sobre todo) vender para trocar por drogas ilegales.

La reinversión en equipamiento es una constante en el I.P.A.D. o, en lugar de buscar alternativas más acordes, se planea la desinversión. “No ponemos porque los rompen” o “No arreglamos porque no duran” es una constante en el discurso.

La desidia, que se opone a cualquiera de las alternativas que funcionan con este mismo tipo de pacientes en muchos otros lugares del mundo, termina reinando.

Por otro lado, en el I.P.A.D. (igual que en cada una de las instituciones de Salud Mental que estuvimos recorriendo durante el mes de abril) nos preocupa sobre manera es la cantidad de pacientes que se encuentran sin ningún tipo de actividad organizada. Como dicen nuestras abuelas, de muestra basta un botón y a nosotros nos alcanza con ver un gimnasio vacío y un patio lleno de huecos en las paredes que sirven de escalera para escapar o para contactar a quienes venden drogas desde la calle a los pacientes que se encuentran internados.

¿Qué está pasando en el I.P.A.D. que algunas circunstancias de riesgo para los pacientes y para los profesionales se repiten año tras año? ¿Porqué no se toman algunas medidas que acercarían a los pacientes a garantizar sus derechos? En un intento de respuesta y con el afán de elaborar propuestas es que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.

 

Liliana Montero

Legisladora Provincial