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19 | 04 | 2017

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 21685 – FECHA 19-04-2017 – FUGA COMPLEJO ESPERANZA

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en un plazo de siete (7) días sobre los siguientes aspectos con relación a la fuga de cinco jóvenes del Complejo Esperanza la noche del sábado 15 de abril:

  1. De qué instituto se fugaron, y de qué sector del instituto.
  2. Cuántos “guardias” había en el sector, cuántos había en el instituto y cuántos en todo el predio el día de la fuga. Adjunte el libro de guardia o documentación que acredite lo informado.
  3. Cantidad de “guardias” por sector y por instituto que se considera lo recomendable por cada turno. Esquema de la cantidad de “guardias” por sector y por instituto que se desempañaba con normalidad por cada turno en el año 2016.
  4. Si hay o hubo personal del Servicio Penitenciario en alguno de los institutos desde que se cerró el habeas corpus presentada por tres legisladoras de Córdoba, incluida quien suscribe. Desde qué fecha y hasta cuándo estuvo este personal o si sigue estando. Cantidad de agentes y ubicación.
  5. Cómo afectó la disminución del personal –debido a sanciones, suspensiones u otros motivos- en las tareas cotidianas de los jóvenes, como la asistencia a la escuela y/o a talleres u otras actividades. Adjunte listado de asistencia a la escuela desde que comenzó el ciclo lectivo y el listado de asistencia a los talleres impartidos desde comienzos de 2017.
  6. Cuál ha sido el resultado de la convocatoria efectuada para la incorporación de “Operadores de asistencia y seguridad” (conocidos como “guardias”). Dé detalles del proceso de selección: cuántos aspirantes se inscribieron, cuántos aprobaron el curso obligatorio y cuántos recibieron el apto psicológico del Colegio de Psicólogos.
  7. Cómo continuará el proceso de incorporación de personal.

 

 

Lic. Liliana Montero

Legisladora Provincial

 

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Las fugas del Complejo Esperanza parecen ya ser un mal cotidiano. Estamos llegando a un punto de naturalizar que los jóvenes que viven en el Complejo Esperanza puedan salir prácticamente cuando se lo proponen, gracias a la falta de supervisión de un adulto o, incluso, gracias a la anuencia de quienes deben velar por su seguridad.

Sabemos que los conflictos de los últimos meses entre las autoridades provinciales y el personal denominado “guardias” -que derivaron en el ingreso del Servicio Penitenciario en el Complejo Esperanza, así como en la licencia y suspensión de algunos de los “guardias”- tuvo como consecuencia una merma de la presencia del personal encargado de estar presente en la cotidianidad de los niños y adolescentes institucionalizados. Nos preocupa que las fugas, justamente, hayan acaecido por esta merma.

Si esto es así, la situación es gravísima. La Provincia es la responsable por la vida y la seguridad de esos jóvenes, y también de toda la sociedad.

Según nuestro conocimiento previo de la realidad del Complejo, sabemos que en cada sector del instituto conocido como Nuevo Sol, en el cual se habría producido la última fuga, debe haber entre tres y cuatro guardias por turno (de 12 horas). Nos preocupa que el día de la fuga ese número haya estado marcadamente disminuido.

Sabemos que la Provincia está por incorporar nuevos “guardias”. Y nos parece positivo que, gracias a nuestras sugerencias, se haya agregado dentro del proceso de selección un examen psicológico específico como condición previa a su incorporación, el cual es conducido por el Colegio de Psicólogos de Córdoba. Este fue el compromiso de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en el habeas corpus mencionado ut supra.

Nos parece importante conocer el número de aspirantes que recibió el apto psicológico porque ello nos permitirá evaluar adecuadamente la importancia del mismo, pero fundamentalmente nos permitirá conocer cuál es la cantidad de futuros nuevos operadores que habrá que evaluar.

Sucede que sabemos que muchos de los aspirantes no reunieron las condiciones psicológicas mínimas para ser incorporados como “guardias”. Esta situación nos preocupa. Y, a la vez, nos cansa.

 

Nos cansa tener que monitorear cada día lo que sucede dentro de estos institutos; nos cansa tener que acudir a las autoridades del Poder Judicial y tramitar extensos hábeas corpus para que el Poder Ejecutivo entienda que es el responsable de mejorar las condiciones de encierro; nos cansa hacer gestiones permanentes para que alguien del Poder Ejecutivo haga lo que debería hacer sin que nadie se lo diga. Nos cansa decirles que es un derecho de quienes están allí asistir a clases, vivir sin ser golpeados, proyectar una vida que no sea el de la delincuencia.

Nos cansa que el Gobierno diga que la culpa es de otra gestión, cuando, en realidad, tenemos una misma gestión que nos gobierna desde hace 17 años. Nos cansa que se diga que lo que sucede en el Complejo Esperanza es “un problema estructural”, y que nadie en este Gobierno se ruborice al decir esto, siendo que es una estructura que fue gestada, inaugurada con bombos y platillos, gestionada y finalmente arruinada por Unión por Córdoba.

Por las razones expuestas solicito, aprobación del presente proyecto.

 

 

 

Lic. Liliana Montero

Legisladora Provincial