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5 | 12 | 2017

PROYECTO DE LEY Nº 23851. FECHA 05-12-2017. LEY DE ACCESO A ALQUILERES DE VIVIENDAS

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

LEY DE ACCESO A ALQUILERES DE VIVIENDAS

Artículo 1.- Del Objeto

Créase el Programa “Con Trato” (en adelante, el Programa) que tendrá por objeto facilitar el acceso a contratos de locación de inmuebles acordes a las necesidades y recursos de los locatariosprevistos en el artículo 2 de la presente ley.

Artículo 2.- De los destinatarios. Exclusiones.

Permítase la incorporación a distintos componentes del Programa a las personas físicasque cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años.

b) Tener domicilio legal en la Provincia de Córdobao domicilio constituido en el territorio provincial ante las autoridades competentes en el caso de residencia en los términos de los artículos 10 y 54 de la Ley N° 25871.

b) El contrato de locación debe estar destinado a vivienda única y de habitación permanente.

c) Residir, trabajar o estudiar en la misma ciudad o localidad en que soliciten los beneficios del Programa.

d)  No ser propietario/a de ningún inmueble en el país y/o en el extranjero.

e) El grupo familiar conviviente en la vivienda a alquilar no percibirá ingresos superiores a la suma de dos (2)salarios mínimos por cada cuatro (4)personas.

f) Acreditar durante los seis (6) meses previos a la firma del contrato de locación, ingresos suficientes para el pago del valor locativo mensual que se acuerde entre partes, mediante recibo de sueldo, constancia de

monotributo o depósito de las sumas equivalentes en una caja de ahorro abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba.

g) No tener antecedentes financieros desfavorables, ni resultar beneficiario de otros programas de créditos estatales.

Artículo 3.-De los componentes del Programa

Organícese el Programa para operar a través de tres componentes incompatibles entre sí:

1)  Garantía bancaria.

2)  Crédito para cubrir gastos iniciales del contrato de locación.

3)  Subsidio parcial del canon locativo.

El Banco de la Provincia de Córdoba será la entidad financiera otorgante de los componentes del Programa previstos en los incisos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 4.- De la garantíabancaria.

         El Banco de la Provincia de Córdoba actuarácomo garante del cumplimiento de las obligaciones que asuman los destinatarios del programa en su carácter de locatarios y, en consecuencia, otorgará la garantía, por el plazo de veinticuatro (24) meses,a aquellos solicitantes que observencon los requisitos mencionados en el artículo 2de la presente ley.

         Asimismola garantía otorgada por el Banco Provincia de Córdoba se extenderá, de manera automática, hasta un plazo máximo equivalente al del contrato original si las partes deciden renovar o prorrogar el contrato de locación y el locatario ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo.

Fíjese como valor máximo de comisión a favor del Banco de la Provincia la suma correspondiente a una (1) vez el valor del alquiler mensual acordado la misma podrá ser abonada por el locatario al contado o a través de un plan de hasta doce (12) cuotas sin interés.

Artículo 5.-De los créditos para cubrir gastos iniciales del contrato de locación

         A los efectos de la presente ley se entiendepor “Crédito para cubrir gastos iniciales del contrato de locación”,aquellaayuda económica a favor de los destinatarios/as para solventar con suficiencialas erogaciones propias de la celebración de un contrato de locación. El mencionado crédito deberá formalizarse a través del Banco de la Provincia de Córdoba, por una suma equivalente hasta cuatro (4) veces el valor del alquiler mensual acordado, a tasa de interés preferencial y reembolsable en veinticuatro (24) cuotas.

Artículo 6. –Del subsidio parcial del canon locativo. Preferencia en situaciones de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba otorgaráun “subsidio parcial del canon locativo” por el plazo de veinticuatro (24) meses renovable por un período igual y se dejará constancia del mismo en el contrato de locación. Dicho subsidio estará dirigido a solventar la diferencia entre el valor del alquiler mensual acordado y el treinta y tres por ciento (33%) de la suma de los ingresos de locatariosy será destinatarios del mismo aquellos solicitantes que además de las condiciones mencionadas en el artículo2 cuenten con ingresos mensuales iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil.

A los fines de su concesión serán atendidas especialmente aquellas situaciones de vulnerabilidad habitacional de los postulantes. En particular, deberá priorizarsela incorporación de personas jóvenes con hijos/as a cargo, al cuidado depersonas con discapacidad,en situación de precarización laboral y/o pertenecientes a grupos afectados por desigualdad estructural.

Artículo 7.- Gratuidad de informes de dominio

El Registro General de la Provincia expedirá en forma gratuita los informes de dominio a los/as potenciales locatarios/as de inmuebles con destino de vivienda que satisfagan los requisitos previstos en el art. 2 de la presente ley. El decreto reglamentario establecerá el modo de acreditar el uso exclusivo de tales informes para fines locativos.

Artículo 8.- De los antecedentes que brinda el programa

Otórgueseun certificado de confianzaque precalifique para acceder a créditos hipotecarios de vivienda otorgados por el Banco de la Provincia de Córdobaa aquellos destinatarios que hayan cumplido en tiempo y forma con los compromisos contractuales asumidos.

Artículo 9.- Prohibición de discriminación.

Será considerado acto discriminatorio por parte del locador/a y/o del corredor inmobiliario, en los términos de la Ley Nacional 23592:

-      La restricción de alquilar a cualquier persona, por razones de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

-      La restricción de alquilar a personas con hijos/as menores de edad.

-      La exigencia, en los contratos de locación con destino de vivienda, de garantes o fiadores que sean propietarios familiares del locatario/a.

Artículo 10.- Regímenes especiales.

         Podrán acceder a los beneficios previstos en el presente Programa, sin perjuicio de la observancia de los recaudos previstos en el artículo 2, aquellas personas físicas que satisfagan las siguientes condiciones específicas:

1) De los estudiantes. Quienes se encuentren cursando estudios terciarios o universitarios, hasta los 25 años de edad, y no tengan recibo de sueldo, podrán certificar ingresos de padre, madre y/o tutor a cargo. El estudiante deberá acreditar, una vez por año, su condición de alumno regular.

2) De los trabajadores no registrados. Todo trabajador que no cuente con ingresos registrados, deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) demostrar ahorro previo de seis (6) meses en una caja de ahorro abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba; b) tener un contrato de locación vigente al momento de la solicitud; c) presentar certificado de cumplimiento de contrato previo, certificado por escribano público, en el que conste que el mismo ha finalizado sin deuda alguna.

3) De los Monotributistas.Todo trabajador que se encuentre inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes podrá acogerse a los beneficios del presente programa, excepto que se encuentre inscripto en una categoría cuyos ingresos brutos anuales superen los sesenta (60) salarios mínimos vitales y móviles.

Artículo 11.-De la Implementación y Seguimiento

A los efectos de la presente ley, confórmase el Consejo del Programa “Con Trato”integrado por representantes del Banco de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Provincial de Vivienda, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la comisión permanente en materia de vivienda de la Legislatura de la Provincia con la finalidad de articular y monitorear la implementación del Programa y promover todas aquellas políticas públicas y medidas coadyuvantesque favorezcan el acceso a la vivienda y la efectiva aplicación del Programa.

Asimismo invítesea participar a los organismos competentes de carácter provincial, representantes de organizaciones sociales juveniles, organizaciones de consumidores y colegios profesionalescon incumbencias en la materia.

Artículo 12.-Publicidad

         El Consejo del Programa “Con Trato” deberá publicar, con accesibilidad de la ciudadanía, los datos toda la información correspondiente al Programa, con detalle de los destinatarios incorporados a cada uno de los componentes comode los derechos y beneficios otorgados en su marco, como así también de los canales institucionales de denuncia con que aquélla cuenta ante situaciones de abuso o violación de sus derechos y beneficios.

Artículo 13.- Gastos

Los gastos que se requieran para el adecuado cumplimiento de la presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.

Artículo 14.- Tratamiento impositivo especial

Disponer que el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba implemente medidas de política tributaria provincial que contemplen tratamientos impositivos especiales (alícuotas reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) respecto de propietarios y poseedores a título de dueño de inmuebles que celebren contratos de locación con los destinatarios del Programa previstos en el artículo 2 de la presente ley.

Artículo 15.-Mediación en sede extrajudicial

         En caso de conflictos entre el locador y el locatario que deriven de la ejecución de contratos de locación celebrados en el marco del Programa instituido por la presente ley, las partes podrán recurrir a mediación en sede extrajudicial, sin instar proceso judicial previo, mediante la adhesión voluntaria al proceso de mediación para la resolución de la disputa, ante un mediador, centro de mediación público o privado habilitado a tal fin. Serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 8858.

Artículo 16.-De la autoridad de aplicación

         Institúyase al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba como autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 17.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Disposición Transitoria Primera.-

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días corridos desde su promulgación a fines de que, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días corridos desde éste último acto, se proceda a la inmediata ejecución del Programa.

Disposición Transitoria Segunda.-

La autoridad de aplicación convocará, en un plazo máximo de diez (10) días de la entrada en vigencia de la presente ley, a la reunión constitutiva del Consejo creado por el artículo 11.

Liliana Montero

Legisladora Provincial

FUNDAMENTOS

Resulta de público y notorio que durante los últimos años, tanto a nivel provincial como nacional, se ha posibilitado el acceso a créditos bancarios para adquirir viviendas a cordobeses que cuentan con recursos patrimoniales para la compra.[1]

Aun así, muchos de nuestros ciudadanosno se encuentran en condiciones de acceder a créditos para la compra o no pueden conseguir viviendas para su adquisición. Sobre esta experiencia, los medios de prensa habitualmente cronican:

 “…se trata de un fenómeno real, que se explica por el fuerte déficit habitacional y la enorme expectativa que las nuevas herramientas crediticias generan en las familias argentinas. Sin embargo, en los últimos meses también se profundizó la otra cara del fenómeno: la falta o mínima presencia de viviendas nuevas construidas aptas para calificar a esos créditos. La falta de escrituras o las demoras burocráticas explican buena parte de la escasez. Se trata de un cuello de botella que ya se venía advirtiendo pero que se consolidó este año. Con la reactivación del sector inmobiliario las unidades nuevas que contaban con escrituran fueron rápidamente colocadas en un mercado que venía aletargado. Así, por ejemplo, sólo queda una fracción muy pequeña de departamentos con escrituras que podrían aplicar a créditos hipotecarios, en tanto que hay una enorme franja de unidades que aún están en pozo (en etapa de construcción) o que a pesar de estar construidas no cuentan con escritura, dificultando su ingreso a la oferta de viviendas hipotecables.”[2]

De tal modo, los cordobeses que, cualquiera sea el motivo, no pueden acceder a la compra de su vivienda deben alquilar para procurarse un hogar.

Entre ellos, quienes cuentan con salarios cercanos al mínimo, tienen dificultades para hacer frente a las condiciones financieras que se exigen al momento de firmar un contrato. Entre ellos, el mes de adelanto y las comisiones inmobiliarias se suman a los gastos extra que significa una mudanza.

Además, quienes deciden residir en la provincia y no cuentan con garantías que resulten confiables al locatario de un inmueble deben muchas veces “comprar” garantías o, lo que es más preocupante, quedan imposibilitados de acceder a establecer un hogar y terminan viviendo en situaciones de hacinamiento con otros grupos familiares de convivencia.

Estudiantes que eligen carreras terciarias o universitarias que no se encuentran en sus ciudades de origen, familias constituidas recientemente, grupos familiares que deben reorganizarse después de divorcios o de otras situaciones, etc., se convierten en poblaciones vulneradas en su derecho habitar una vivienda digna.

En este contexto, no puede dejar de señalarse que la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en lugar de avanzar en la protección de los inquilinos ha redundado en detrimento de sus derechos. El Código en cuestión derogó la anterior Ley N° 23091 de locaciones urbanas, incorporó sin modificación  gran parte de su articulado y dejó afuera los aspectos –aunque tibios– más igualitaristas que contenía. Se perdió, así, la valiosa oportunidad para crear, por ejemplo, una autoridad de aplicación y control que pueda sancionar los incumplimientos (en el cobro de meses adelantados, comisiones más allá de las permitidas, etc.) o para incorporar una figura que estableciera referencias sobre el monto máximo de los alquileres y de las comisiones inmobiliarias.[3].

El presente proyecto pretende brindar alternativas de acceso a una vivienda a las personas que se encuentran socialmente desfavorecidas, padecen limitaciones en recursos patrimoniales para el acceso a la vivienda a través del alquiler, o bien, que integran colectivos habitualmente excluidos y/o marginados del mercado locativo por ausencia de garantías privadas.

Sin embargo, la iniciativa que suscribo lo hace a través de una estrategia de funcionamiento justo y equitativo del mercado de arrendamientos inmobiliario, que procura expandir “sistemas públicos de garantías y subsidios” como las previstas en el art. 3 del presente proyecto: (i) garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la locación por el Banco de la Provincia de Córdoba; (ii) crédito de cobertura de gastos iniciales de contrato de locación; y (iii) subsidio parcial de canon locativo.

Al mismo tiempo, los componentes del Programa que por este medio elevo indudablemente incentivarán la generación de ofertas de alquileres asequibles para nuestros ciudadanos.

Con este propósito la iniciativa que impulso, retoma y recrea tanto propuestas que ya existen vigentes:por ejemplo, el Programa Alquilar Se Puedeejecutado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de alquiler para jóvenes presentado por el ex Legislador Roberto Birri en el año 2015 (Proyecto de Ley Expte16677/L/15)[4];los ProgramasAlquilar es fácil y Alquilar, con destino de vivienda única y habitación permanente, presentados ante la H. Cámara de Diputados de la Nación en los años 2015 y 2016 respectivamente; el proyectoelaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),etc., y presentado –en fecha reciente- ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2017); etc.

Entre los fundamentos oportunamente expuestos por ex Legislador Roberto Birrise afirmaba:

 “…nuestro país atraviesa una importante crisis habitacional que se expresa en el progresivo ensanchamiento de la brecha que existe entre el imperativo constitucional del derecho a una vivienda digna y el incremento de las dificultades para acceder a la misma. Los datos recogidos en el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010, constituyen claros indicios de esta coyuntura. Por un lado, el régimen de tenencia de la vivienda referido a contratos de alquiler que representaba el 11,1% en el 2001, ha pasado a representar el 16,1%. Se trata de casi dos millones de hogares en todo el país sobre los que pesa la obligación de abonar un monto mensual en concepto de alquiler. El porcentaje varía en las distintas localidades del país encontrando picos en los grandes aglomerados urbanos. Por otro lado, nuevamente en relación al año 2001, se ha duplicado el índice de cohabitación. Si bien la situación ideal es que haya una vivienda por cada hogar, lo cierto es que en la actualidad el 12,2% de los hogares de la Argentina comparte la vivienda, elemento que según los especialistas permite cuantificar la demanda habitacional.”

La realidad expuesta no puede permanecer ajena a la consideración del acceso a una vivienda digna comoun derecho fundamental, que no solo está consagrado en la Constitución Nacional (artículo 14 bis) sino también en la Constitución Provincial (artículo 58) al establecer que todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental.

Inclusive, el derecho a la vivienda es –además- receptado por instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994. Así, por ejemplo, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos(DUDH) establece el derecho de toda persona “…a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, mientras que el artículo 11​ del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC)especifica que el derecho a un nivel de vida adecuado incluye –además de alimentación y vestido- la exigencia de “…vivienda adecuadas”.[5]

Precisamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con motivo de su Observación General N° 4/1999 –bajo el título El derecho a una vivienda adecuada-, advierte en torno a la discrepancia entre las previsiones normativas y la ausencia de su vigencia efectiva:

“(…) A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo. Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra índole, el Comité observa que existen también considerables problemas de falta de vivienda y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente. Las Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el mundo. No existe indicación de que estén disminuyendo esas cifras. Parece evidente que ningún Estado Parte está libre de problemas importantes de una clase u otra en relación con el derecho a la vivienda” (artículo 4, Obsv. Gral. N° 4/1999, Comité DESC).

Quede claro, entonces, que el derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos: tanto las personas como las familias –agrega la Obsv. Gral. N° 4/1999- tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del PIDESC, a ninguna forma de discriminación. De allí que el presente proyecto contemple expresamente una cláusula antidiscriminatoria.

Luego, cabe destacar que el presente proyecto se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en virtud de que –según puede concluirse de una lectura de su articulado- no impulsa una interpretación restrictiva del derecho a la vivienda sino una extensiva, cuya obligación de respeto y garantía incumbe al Estado y se encuentra relacionada con la dignidad de la persona humana:

“…el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el concepto de “vivienda adecuada”… significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable“(artículo 7, Obsv. Gral. N° 4/1999, Comité DESC).

Es necesario tener presente que la Ley Fundamental de nuestra Provincia ha establecido –con claridad- un mandato constitucional a cargo de las autoridades públicas, pues su artículo 58 consiga que es el propio Estado quien debe promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.

Al propio tiempo, también se trata de un mandato convencional desde que, según lo han previsto los órganos de monitoreo de los pactos internacionales de derechos humanos, los Estados Partes no sólo deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda (artículo 8, inciso c, “gastos soportables”, Obsv. Gral. N° 4/1999, Comité DESC), sino también adoptar todas las medidas y políticas públicas tendientes a que la vivienda adecuada resulte asequible (artículo 8, inciso e, “asequibilidad”, Obsv. Gral. N° 4/1999, Comité DESC).

Sobre éste último punto, estimo necesario recordar que el propio Comité DESC ha llamado la atención sobre la necesidad de brindar una protección especial a los grupos desventajados y a las personas en situación de extrema vulnerabilidad:

“…Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos” (artículo 8, inciso e, “asequibilidad”, Obsv. Gral. N° 4/1999, Comité DESC).

Por consiguiente, si bien el derecho a la vivienda se rige por los principios de progresividad, al estar sujeto a la disponibilidad de los recursos estatales, y no de regresividad, lo cierto es que los Estados Partes asumen una obligación mínima inderogable destinada a asegurar la satisfacción de, por lo menos, ciertos niveles esenciales de cada uno de los derechos allí previstos, pues sin esta obligación mínima el PIDESC carece de su razón de ser (artículo 10, Obsv. Gral. N° 3/1990, Comité DESC, La naturaleza de las obligaciones de los Estados Parte).

De modo que se puntualiza en la referida Observación General N° 3/1990:

“…un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.”

Traigo a colación estas consideraciones con el propósito de enfatizar la necesidad de respetar las competencias respectivas de los diversos poderes del Estado Provincial (artículos 58 y 110 inciso 38 de la Constitución Provincial) en iniciativas como las que patrocino, en razón de que la implementación del derecho a la vivienda reconoce en la decisión del Poder Legislativo un ámbito idóneo para su operatividad.

Así lo ha sostenido en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Q.C., S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, al brindar solución habitacional a una madre y su hijo discapacitado que se encontraban en situación de calle:

“…en principio, su implementación requiere de unaley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo queprovoque su implementación. Ello es así porque existe la necesidadde valorar de modo general otros derechos, como porejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, los salarios, yotros, así como los recursos necesarios.En estos supuestos hayuna relación compleja entre el titular de la pretensión, el legitimadopasivo directo que es el Estado y el legitimado pasivoindirecto que es el resto de la comunidad que, en definitiva, soportala carga y reclama de otros derechos. Por esta razón, estaCorte no desconoce las facultades que la Constitución le asignatanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo locales, en elámbito de sus respectivas competencias, para implementar losprogramas o alternativas destinadas a hacer operativo el derechoa la vivienda y al hábitat adecuado. Es incuestionable queno es función de la jurisdicción determinar qué planes concretosdebe desarrollar el gobierno.”[6]

Se sostiene, por tanto, que el legislador localgoza de un amplio margen de discrecionalidad con respecto a qué medidas o políticas son más oportunas, convenientes o eficientes para implementar el derecho de acceso a una vivienda digna. Por ese motivo, las políticas de acceso a la vivienda pueden variar o fijar prioridades según las distintas necesidades y capacidades de los habitantes.[7]

Independientemente dela multiplicidad de factores que condicionan el problema del acceso a la vivienda, sabemos que este proyecto no presenta respuesta integral a todas las aristas del problema de viviendas, pero estamos convencidos de que una iniciativa de esta naturaleza torna más accesible la posibilidad de alquilar a aquellos que hoy, difícilmente, puedan hacerlo de otra manera.

La aprobación de este proyecto permitirá a muchos de nuestros co-provincianos acumplir con las expectativas de lograr formar unhogardel que puedan apropiarse durante el tiempo en que alquilen la vivienda. Se trata, en definitiva, de hacer concretas las mandas constitucionales e internacionales del acceso a una vivienda –no a secas- sino adecuada y digna.Es por eso que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.

 

Liliana Montero

Legisladora Provincial


[2]Párrafo disponible en http://www.perfil.com/cordoba/desarrollistas-advierten-que-no-hay-viviendas-listas-para-atender-el-boom-hipotecario.phtml.

[3]CELS, “Consenso Nacional para un Hábitat Digno. Diez propuestas de políticas públicas”, Buenos Aires, pág. 25.

[4]        Disponible en:

http://alquilarsepuede.buenosaires.gob.ar;

http://robertobirri.blogspot.com.ar;

http://www.legiscba.gob.ar/gestion-legislativa;

http://www.clarin.com/sociedad/nuevos-beneficios-alquilar propietario.

[5]        También pueden citarse las siguientes reseñas contenidas en documentos internacionales de derechos humanos: por ejemplo, apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;  párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; párrafo 8 de la sección III de la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.76.IV.7, y corrección), cap. I); párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961; etc.

[6]        CSJN,”Recurso de hecho deducido por S. Y. Q. C. por sí y en representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, 24/04/2012, consid. 11.

[7]        Íbid, voto del juez Enrique S. Petracchi, consid. 11.