LA LEGISLATURA, LEJOS DE LA PARIDAD DE GÉNERO

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8 | 10 | 2018

PROYECTO DE LEY N° 26506. FECHA 08-10-2018. REPRESENTACIÓN PARITARIA – LEY DE PARIDAD

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

“REPRESENTACIÓN PARITARIA”

Artículo 1º: Objeto. Establécese, como regla general, el principio de representación paritaria en virtud de la incorporación en las listas oficializadas del 50% de candidaturas para cada género tanto en cargos titulares como suplentes para la elección de los candidatos comprendidos en la presente Ley.

Artículo 2º: Candidaturas. El principio de representación paritaria establecido en el artículo anterior, deberá observarse, obligatoriamente, en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos representativos en órganos colegiados ejecutivos, deliberativos, control, selección, profesionales o disciplinarios previstos en la Constitución de la Provincia o en sus respectivas leyes de creación o estatutos.

Artículo 3º: Extensión. Toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales, municipales -correspondiente a Localidades que no hubieran sancionado Carta Orgánica- y comunales presentada para su oficialización por un partido político habilitado por la justicia electoral, deberá sujetarse al principio de representación paritaria con el alcance previsto en la presente ley.

Artículo 4º: Paridad vertical. Las listas de candidatos/as previstos en el artículo anterior deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. En el caso de candidaturas electivas en distritos uninominales para desempeñar cargos representativos previstos en el artículo anterior, el principio de representación paritaria se cumplirá con la incorporación de candidaturas suplentes con el género opuesto al que detenta el/la candidato/a titular.

Artículo 5º: Paridad Horizontal. Distrito único. Se considerará la variable histórica o de rotación para el encabezamiento de las listas de candidatos/as a legisladores por distrito único, con la finalidad de garantizar la alternancia inmediata de géneros entre un período electoral y otro. Si la lista de candidatos/as resultara encabezada por un género en el siguiente período deberá encabezarla el otro y viceversa,

Artículo 6º: Paridad Horizontal. Distritos uninominales. En el caso de candidaturas electivas en distritos uninominales, a fines de asegurar la alternancia de género y la paridad representativa, los partidos políticos o alianzas que participen de la elección deberán encabezar  13 distritos uninominales con un género y 13 lo harán con el otro.

En el caso de que un partido o alianza electoral no presente candidaturas en todos los distritos, debe garantizar encabezar con un género en el 50% de los distritos en los que participen y con el otro género en el 50% restante.

A los efectos de establecer el presente sistema, en la primera elección posterior a la sanción de la presente la Justicia Electoral sorteará que distritos electorales encabezaran con un género y cuales con el otro, para aquellos partidos que no cumplan por iniciativa propia con lo prescripto en el presente artículo, a partir de lo cual se seguirá la regla de la alternancia.

Artículo 7º: Género de candidata/o. El género del candidata/o estará determinado por su Documento Nacional de Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico.

Artículo 8º: Sanción por Inobservancia. Reordenamiento. La Justicia Electoral y las Juntas Electorales que fiscalicen los procesos electivos deberán desestimar la oficialización de toda lista de candidatos que se aparte del principio general establecido en el artículo primero. Si mediara incumplimiento y el número de candidatos por género lo permitiera, la justicia o las juntas electorales, según corresponda, podrán disponer -de oficio- el reordenamiento definitivo de la lista, para adecuarla a la presente Ley.

Artículo 9º: Suplencia por género. Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata y en primer término, por un candidato del mismo género que siga en el orden establecido en la lista oficializada por la justicia o la junta electoral, y el suplente completará el período del titular al que reemplace.

Artículo 10º: Requisitos sustanciales del partido político. Modifíquese el inciso 3) del artículo 4° de la Ley N° 9572, el que quedará redactado de la siguiente forma.

Artículo 4º- Inc 3) “Organización y funcionamiento estables y regulados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma específica que establezca cada partido y observando, en su caso, las normas establecidas en esta Ley y respetando el principio de paridad y alternancia de género.”

Artículo 11º: Carta orgánica del partido político. Modifíquese el artículo 31° de la Ley N° 9572, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 31º: “La carta orgánica constituye la norma fundamental del partido y las confederaciones, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación, respetando el principio de paridad y alternancia de género en el acceso a cargos partidarios.”

Artículo 12º: Caducidad. Incorpórese como inciso 4 del artículo 80º de la Ley N° 9572, el siguiente texto:

4) La violación del principio de paridad y alternancia de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho principio.

Artículo 13º: Normas derogadas. Derógase la Ley N° 8901 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 14º: Cartas orgánicas municipales. Invítase a las Municipalidades que hubieran sancionado Carta Orgánica a adherir a la presente Ley.

Artículo 15º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Liliana Montero

Legisladora Provincial

 

FUNDAMENTOS

Desde el año 2000 son diversas las provincias que han adoptado reglas electorales destinadas a garantizar la paridad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos políticos. Entre ellas se encuentran las legislaciones sancionadas por Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Neuquén, Buenos Aires, etc. Estas normas principalmente establecen el principio de participación equivalente de géneros para la elección de candidatos a cargos representativos públicos.

Precisamente la Provincia de Córdoba ha sido una de las jurisdicciones pioneras en la implementación de las cuotas de género en materia electoral. De allí que el art. 2 de la Ley N° 8901 dispone que la regla general precedente debe observarse obligatoriamente “…en toda lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos representativos en órganos colegiados ejecutivos, deliberativos, control, selección, profesionales o disciplinarios previstos en la Constitución de la Provincia o en sus respectivas leyes de creación o estatutos.”

Incluso, en fecha más reciente el Congreso de la Nación sancionó, en noviembre de 2017, la Ley N° 27412, cuyo art. 1 modificó el art. 60 bis del Código Electoral Nacional al establecer el siguiente requisito para la oficialización de listas: “…las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.”

Sin embargo, en la aplicación de tales normas, tanto provinciales como nacionales, el diagnóstico no siempre resulta satisfactorio. Es posible verificar, actualmente, un resultado inquietante: las denominadas leyes de cupo mínimo han encontrado un techo debido a que, al menos desde sus implementaciones en el año 2000, las mujeres siguen subrepresentadas en los cargos políticos. Por ejemplo, en nuestra Provincia aproximadamente el 90% o más de las candidaturas uninominales (art. 78 Constitución Provincial) siguen presentando como candidatos titulares a varones, lo que implica un defecto de representación igualitaria en este recinto legislativo.

Como mis pares pueden advertirlo, estamos muy lejos de concretar una genuina presencia demográfica equilibrada a través del intercalamiento de personas de ambos sexos en las listas de candidatos (50% de mujeres y 50% de varones), respetando el principio de alternancia y secuencialidad por binomios (hombre-mujer o mujer-hombre). Ello acontece en función de que la lógica de las cuotas únicamente supuso su diseño como mecanismos temporales para la eliminación de barreras de género en los procesos de selección de candidaturas.[1]

Indudablemente las leyes de cuotas de género han sido un buen comienzo, un punto de partida de un proceso de visibilización, naturalización y rutinización de posiciones igualitarias de acceso a la representación frente a la sociedad, en especial debido a que regularmente las dirigencias partidarias las resisten y a que su eficacia está condicionada por el marco institucional, político y social.

Claro está, un punto de partida que impone necesarios ajustes y nuevos aportes para la consecución de la igualdad real o sustantiva de trato y de resultados, que exige la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con jerarquía constitucional. En efecto, el art. 7 del instrumento internacional referido establece que los Estados Partes tomarán todas las “…medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”, debiendo garantizar, “en igualdad de condiciones con los hombres”, el derecho a “…ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.”

En esta dirección, el proyecto que propongo tiene como objeto incorporar un nuevo estándar en este ámbito con la finalidad de consolidar e incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión institucional. Se trata de reemplazar el principio de participación equivalente de géneros por el principio de paridad  de las candidaturas tanto en cargos titulares como suplentes. Ello implica la promoción de una genuina cultura paritaria en el sector electoral, en la que las diferencias sexuales tienen el mismo peso que las diferencias territoriales y las diferencias de idolología política.

Me interesa puntualizar que la paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres sino la expresión más amplia de la universalidad a través de una medida definitiva (y no temporal como las cuotas), que reformula la concepción del poder político, redefiniéndolo como un espacio compartido igualitariamente entre los géneros.[2]

Después de décadas de experiencia con leyes de cuotas, el Consenso de Quito (2007) —aprobado en la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe con el voto favorable de Argentina— propuso la paridad como una meta regional para revertir la desigualdad y exclusión estructural de las mujeres en todos los ámbitos. Allí se estableció que “la paridad es uno de los determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política”. Esto fue ratificado en el Consenso de Brasilia (2010) y en el de Santo Domingo (2013).

Además la Norma Marco para la Consolidación de una Democracia Paritaria, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015, también con el voto favorable de nuestro país, consigna que la paridad y la igualdad sustantiva son los dos pilares de un Estado inclusivo, reconociendo la necesidad de promover “…un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública.”

La incorporación del principio de paridad en la legislación electoral forma parte de un cambio conceptual, donde la igualdad democrática se asocia al equilibrio de género en las candidaturas a los cargos políticos (ONU Mujeres e IDEA Internacional, 2016). En América Latina, este cambio se ha plasmado en reformas constitucionales y legales, principalmente en Bolivia, Ecuador y México. Fuera de nuestra región, los precursores han sido Francia (1999) y Bélgica (2002).

En este sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México ha sostenido: “…bajo la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro-persona (…) la inclusión del postulado de paridad (…) se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que emana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.”[3]

Los expertos explican que una ley de paridad es robusta cuando exige intercalar a mujeres y varones en forma alternada y secuencial (hombre-mujer o mujer-hombre)[4], generando una lista del tipo cremallera, al mismo tiempo que incorpora reglas que penalizan el incumplimiento y no permite ninguna clase de excepciones a su aplicación.[5]

Un diseño legal fuerte, además, combina dos criterios ordenadores (mandatos de posición) en las listas partidarias: la paridad vertical y horizontal. Mientras la primera implica que se intercalen mujeres y varones en las listas (o que se incorporen suplentes del sexo opuesto al titular en distritos uninominales), la segunda importa una participación equivalente de ambos géneros en los encabezamientos de las listas o en la titularidad de las candidaturas uninominales cuando una agrupación compite en varios distritos simultáneamente (ONU Mujeres y PARLATINO, 2015).

Dado que en nuestra Provincia los partidos políticos no siempre presentan candidatos uninominales en todos los departamentos, o que existen una gran movilidad de alianzas o frentes electorales, hemos incorporado en la concepción de paridad horizontal un sistema que nos permita construir verdaderamente un parlamento paritario. Si en 13 Departamentos las candidaturas deben ser encabezadas por mujeres y en otros 13 por varones, esa será la representación que tendrán efectivamente en las bancas legislativas.

Es sumamente interesante ver la evolución de las candidaturas uninominales desde el año 2001 a la fecha para darse cuenta que aun cuando tenemos en nuestra provincia una ley de cuotas, ésta no se ha trasladado en la acción concreta hacia el conjunto del sistema legislativo, vayan los siguientes datos:

tabla

La tabla es más que elocuente y exime de mayores comentarios, solo baste decir que sobre 130 legisladores uninominales electos desde el año 2001 a la fecha, 121 fueron varones y sólo 9 mujeres resultaron electas. Lo que habla a las claras que aun cuando muchos cuestionan el sistema de leyes que apunten a la paridad de género está claro que sin leyes no hay representación de las mujeres. Recientemente en una charla de la politóloga Flavia Daniela Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México,  en una conferencia dada en nuestra Ciudad decía que las mujeres estamos empoderadas, lo que no estamos es representadas. Clarísima observación.

En la legislatura actual, algunas mujeres han accedido a la banca porque los Legisladores varones por distrito único han sido convocados al Poder Ejecutivo, sino el número sería aun más significativo. No obstante la foto de la Legislatura actual nos muestra que sobre 70 legisladores y legisladoras, 43 son varones y solo 27 son mujeres, es decir que tenemos un desbalance de  16, pero en realidad sería mayor si volviesen quienes están ejerciendo funciones  en el Poder Ejecutivo.

Los siguientes gráficos son a efectos de ilustrar la realidad de la conformación histórica y presente de la Legislatura de Córdoba

GRAFICO 1gracifoc 2grafico 3

grafico4

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graciof 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Ley, que hace, en última instancia, de la democracia Paritaria una auténtica política de Estado y a cada uno de nosotros en un actor clave para su desarrollo.-

Liliana Montero

Legisladora Provincial


[1]       Dalherup, D. – Freidenvall, L. (2005) “Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal Political Representation for Women: Why Scandinavia is No Longer the Model”, International Feminist Journal of Politics Vol. 7 (1): 26-48.

[2]       Albaine, L. “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad”, Revista Iconos, Flacso, N° 52, 2015, p. 148.

[3]       INE/CG63/2016.

[4]       Archenti, N. – Tula, M.I. (2014) “Cambios normativos y equidad de género. De las cuotas a la paridad en América Latina: los casos de Bolivia y Ecuador”, América Latina Hoy, Vol. 66: 47-68.

[5]       Caminotti, M. – Freidenberg, F. (2016) “Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en Argentina y México”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Vol. LXI (228): 121-144.