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16 | 11 | 2017

PROYECTO DE LEY N° 23673. FECHA 16-11-2017. SENTENCIA DE FÁCIL COMPRENSIÓN

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

SENTENCIA DE FÁCIL COMPRENSIÓN

Artículo 1. Objeto

         El objeto de la presente ley es asegurar el derecho de todas las personas a que las sentencias y demás resoluciones emanadas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba sean comprensibles, para lo cual deben ser redactadas empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

         La garantía de justicia comprensible se reputa complementaria del deber de los magistrados y funcionarios judiciales de resolver las causas con fundamentación lógica y legal, prevista en el artículo 155 de la Constitución Provincial.

Artículo 2. Apartado de fácil comprensión

Las sentencias y resoluciones emanadas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, cualquiera sea la instancia y fuero, que afecten a personas en situación de vulnerabilidad deben contener un apartado en el cual el juez, a través de un texto personificado, se dirija a las partes en lenguaje coloquial, simple y directo a fin de facilitarles sistemáticamente la comprensión del alcance de la resolución, así como los derechos y obligaciones que de ella emanan y las consecuencias que de aquélla derivan.

Debe, como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, evitarse incurrir en excesos formalistas o rituales, y emplear usos lingüísticos figurativos, metafóricos o redundantes, terminología en idioma extranjero, afirmaciones dogmáticas, abstracciones superfluas, elaboraciones complejas, etc.

Los jueces podrán optar por escribir toda la resolución en un lenguaje de fácil comprensión.  En caso que fuera imprescindible el uso de términos técnicos para evitar equívocos, estos deben ir seguidos de una explicación en lenguaje positivo y de fácil comunicación como así también de aclaraciones concretas y ejemplos prácticos.

Cuando la persona afectada por la resolución no comprenda de manera acabada el español, aquélla será traducida, bajo costo del servicio de administración de Justicia, al idioma del justiciable.

Artículo 3. Personas en situación de vulnerabilidad

A los efectos del artículo anterior, se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar efectivamente y con plenitud ante el sistema judicial los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

Artículo 4. Obligatoriedad. Enumeración no taxativa.

Las sentencias y resoluciones judiciales que obligatoriamente incluirán el apartado dispuesto en el artículo 2 son:

a)           Las emanadas del fuero laboral que afecten los derechos del trabajador y las del fuero penal que afecten los derechos del imputado y/o condenado;

b)      Las emanadas de otros fueros que, entre los justiciables afectados, se encuentren personas con discapacidad o de capacidad restringida, niñas, niños, adolescentes, ancianos, mujeres, víctimas de violencia de género, etc.

La enumeración precedente no es taxativa y, en caso de duda, corresponde una interpretación amplia de los artículos 1 y 2.

Artículo 5. Carácter pedagógico. Presunción de falta de competencia cognoscitiva.  

El apartado de fácil comprensión es de carácter pedagógico. En ningún caso, se presumirá que las personas comprendidas en los términos del artículo 3 de la presente  ley, tengan aprehendidos conocimientos técnicos en forma previa sobre la naturaleza, regulación normativa e implicancias prácticas del caso en cuestión.

En todo caso, los magistrados y funcionarios judiciales se encontrarán sujetos al criterio de competencia comunicativa, en virtud del cual el texto de la resolución judicial debe resultar relacionado con el contexto de la situación de comunicación. En su mérito, deberán prestar atención preferente a indicadores contextuales de edad, género, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales.

Artículo 6. Derecho a la información.

Cualquier persona que resulte comprendida en los términos del artículo 3 de la presente  ley, deberá  ser  informada,  con carácter  previo, adecuado y sencillo, sobre el contenido, forma y efectos de la garantía de sentencia de fácil lectura.

Asimismo se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición  de  vulnerabilidad  sea  debidamente  informada  sobre  los  aspectos  relevantes  de  su  intervención  en  el   proceso  judicial, desde su inicio y durante toda su tramitación, en  forma  adaptada  a  las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.  Dicha información deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos: el tipo  de  apoyo  o  asistencia  que  puede  recibir  en  el  marco  de  las   actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la  forma  y  condiciones  en  las  que  puede  acceder  a  asesoramiento  jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita, el  tipo  de  servicios  u  organizaciones  a  las  que  puede  dirigirse  para  recibir apoyo, etc.

Artículo 7. Formularios y otros documentos. Posibilidades de acceso a grupos de personas con discapacidad.

Los formularios y otros documentos que deban recibir, llenar y/o presentar los justiciables del o ante el Poder Judicial estarán redactados en lenguaje simple y directo. El Tribunal Superior de Justicia creará una comisión para estandarizar estos documentos, entre los que se encuentran plantillas, formularios, citaciones y notificaciones, los cuales serán redactados con lenguaje claro, accesible y no sexista.

Asimismo deberá elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión.

Artículo 8. Mal desempeño

El incumplimiento reiterado de las obligaciones dispuestas por la presente ley constituye causal de mal desempeño, en los términos del artículo 154 de la Constitución Provincial.

Artículo 9. Capacitaciones. Divulgación. Criterio de proximidad.  

El  Poder Judicial de la Provincia de Córdoba incentivará la participación de magistrados, funcionarios y operadores del sistema de justicia local en instancias de capacitación para la operatividad de la garantía de justicia comprensible, acceso a la Justicia y redacción de formatos de sentencia de fácil lectura.

Tales capacitaciones serán obligatorias para todos los involucrados en la redacción de sentencias y resoluciones previstas en el artículo 4, y en especial para aquellos operadores jurídicos que colaboran con la administración de  justicia en  zonas  rurales, áreas  desfavorecidas  de  las  grandes  ciudades o con especiales dificultades de comunicación.

Los exámenes para concursos de cargos del Poder Judicial de la Provincia Córdoba deben incluir preguntas teóricas y prácticas sobre sentencia de fácil comprensión, el acceso a la Justicia, la presente ley, las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano y toda ley y convención que verse sobre este asunto que el Tribunal Superior de Justicia considere pertinente.

Asimismo el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba promoverá actuaciones destinadas a divulgar en la ciudadanía la información básica sobre derechos, procedimientos  y  requisitos  para  garantizar  un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Artículo 10. Vigencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba deberá adoptar medidas tendientes a la aplicación escalonada de la presente ley, con experiencias piloto en jurisdicciones y fueros a su elección. No obstante, la totalidad de los fueros de todas las circunscripciones judiciales e instancias deberán incluir las disposiciones de la presente ley en un término máximo de 360 días desde su publicación.

Artículo 11. Revisión de procedimientos y formatos. Criterios de prioridad y de especialización.   

Se  revisarán  las  reglas  de  procedimiento  y  los formatos de sentencia de fácil  lectura para facilitar el acceso efectivo a la justicia de  las  personas  en  condición  de  vulnerabilidad,  adoptando  aquellas  medidas  de  organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin y que satisfagan criterios de prioridad y especialización.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por prioridad el otorgamiento de  preferencia en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia, cuando las  circunstancias  de  la  situación  de vulnerabilidad lo aconsejen. Asimismo se entenderá por especialización la adopción de medidas  destinadas   a  la  especificación de  capacitación y funciones de  los operadores del  sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad, como así también la atribución del conocimiento y resolución de las causas en que aquéllos resulten involucrados a órganos especializados del sistema judicial.

Artículo 12. Mecanismos de Coordinación.

Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales destinados a gestionar  las  interdependencias  de  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  estatales que  forman  parte  o  participan  en  el  sistema  de  justicia y,  en particular, del acceso a la justicia de  las  personas  en  condición  de  vulnerabilidad.

Artículo 13. Deróguese toda disposición que se oponga a la presente Ley.

Artículo 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Liliana Montero

Legisladora Provincial

FUNDAMENTACIÓN

Los ciudadanos tienen derecho a comprender las comunicaciones que provengan de un poder del Estado como el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba como condición necesaria para el verdadero cumplimiento de un derecho humano inalienable como es el acceso a la Justicia, cuya importancia es máxima no sólo por ser un derecho humano en sí mismo sino también por tratarse de una vía, un medio, una herramienta para gozar de otros derechos que se garantizan por vía judicial.

Al respecto cabe destacar que el sentido del mandato preambular de nuestra Constitución Provincial, arraiga nítidamente en el propósito que anima el presente proyecto, esto es: “exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad; consolidar el sistema representativo, republicano y democrático.”

Si bien, como derecho, el acceso a la Justicia está reconocido en múltiples convenciones internacionales suscriptas por nuestro país –incluso, algunas dotadas con jerarquía constitucional- y por leyes nacionales y provinciales, incluida la Constitución  Provincial de Córdoba que establece el derecho de todas las personas en la Provincia a acceder a la jurisdicción y a la defensa de los derechos (artículo 19, inciso 9), la realidad nos muestra que existen múltiples barreras para un acceso real y efectivo y no sólo formal y nominal.  Justamente, uno de los grandes escollos es el lenguaje utilizado en el discurso que se emplean en los pronunciamientos judiciales.

Se ha llegado a extremos tan inusitados de oscurantismo en el lenguaje judicial que no son pocas las ocasiones en que los propios abogados no entienden qué resuelven los jueces y, viceversa, en que los jueces no entienden qué solicitan los abogados.  Si esto sucede entre los “técnicos” del derecho, qué le queda al ciudadano sin formación jurídica. Y, mucho peor, qué les queda a las personas aún más desfavorecidas por cuestiones de edad, discapacidad, raza, sexo, idioma, etc.

En este orden de ideas,  la garantía de fácil comprensión o de justicia comprensible, que se promueve con el presente proyecto, se orienta a mitigar y/o neutralizar el vicio de la opacidad del Derecho, al tiempo de presentarse como un mecanismo de equiparación de oportunidades para colectivos segregados, situaciones de discapacidad y otras situaciones de exclusión o debilidad jurídica estructural.

En efecto, se ha explicado tal fenómeno de la siguiente manera: “El poder asentado en el conocimiento del modo de operar del Derecho se ejerce, parcialmente, a través del desconocimiento generalizado de esos modos de operar. La preservación de ese poder resulta, así, fatalmente enlazada con la reproducción del efecto de desconocimiento. De ello se sigue que la opacidad del derecho, su intransparencia, la circunstancia de que no sea cabalmente comprendido, etc., al menos en el marco de las formaciones sociales contemporáneas, lejos de ser un accidente o, acaso, un problema instrumental susceptible de resolverse mediante oportunas reformas, se perfila como una demanda objetiva de funcionamiento del sistema. Como un requisito, tendiente a escamotear —como la ideología en general— el sentido de las relaciones estructurales establecidas entre los sujetos, con la finalidad de legitimar/reproducir las formas dadas de la dominación social” (CÁRCOVA, C., “La opacidad del derecho”, Trotta, Madrid, 2006).

Se argumenta, entonces, que una de las mayores trabas para el lenguaje sencillo en documentos jurídicos está relacionada con la necesidad de utilizar términos técnicos, imbuidos de precisión, como en toda ciencia, lo cual también se aplica al Derecho. Es verdad que el equilibrio entre la precisión técnica y el lenguaje llano puede resultar difícil. Pero estamos convencidos de que la distancia lingüística entre los profesionales del Derecho y el ciudadano común en muy pocos casos se relaciona con una necesidad técnica; más bien, está asociada a otras cuestiones prescindibles. Una cosa es no poder suplantar términos como “usucapión” o “dolo” y otra, muy distinta, es olvidarse de los puntos y aparte y otros signos de puntuación, abusar de los gerundios y de las oraciones subordinadas, abusar de los latinismos y de palabras arcaicas sólo por costumbre o por pensar, equivocadamente, que esos hábitos lingüísticos le otorgan jerarquía a un documento. No, señor, todo lo contrario: el fin último del acto de comunicar -toda resolución judicial es uno- es que sea entendido por el destinatario. No podemos seguir tolerando resoluciones judiciales que bajo la pretensión de una –falsa- erudición confundan tanto a los ciudadanos como a los mismos operadores judiciales.

Algunos estudiosos de las funciones discursivas como de las tradiciones lingüísticas de los textos judiciales, se han ocupado de advertirnos:  “con el transcurrir de años, lustros, décadas, siglos, las lenguas generales evolucionan; de otro lado, las estructuras sociales se transforman también y, con ellas, cambian asimismo los usos lingüísticos consustanciales a los diferentes tipos de interacciones. Ahora bien, el efecto del transcurrir del tiempo no es el mismo para las lenguas generales y para el discurso jurídico, enraizado en la tradición y en la literalidad. Mientras que las lenguas generales evolucionan, esta lengua de especialidad tiende a cristalizarse, a congelarse en unos moldes lingüísticos determinados, en unas estructuras de documentos fijas, en unas fórmulas genéricas y de tratamiento, consolidadas e invariables. Resulta, pues, inevitable que llegue un momento en el que lengua general y lengua para el Derecho se distancien, se separen, se divorcien hasta tal punto que esta última devenga casi ininteligible para los hablantes de la lengua “normal”, no especializada. Estos hablantes sienten que las hormas lingüísticas que utilizan los actores jurídicos no son solo anticuadas, sino también grandilocuentes y pomposas (propias de estilos formales de otras épocas); y, además, altisonantes, arrogantes y, en definitiva, antipáticas, ya que acarrean unos rituales de tratamiento entre los interlocutores (actores jurídicos y ciudadanos) característicos de los tiempos antiguos en los que fueron acuñados, esto es, cuando la relación entre ciudadanía y poderes del estado se traducía en la sumisión absoluta de aquella frente a los últimos. A medida que los ciudadanos de un país toman conciencia de sus derechos democráticos, van sintiéndose más incómodos con la idea de recibir una comunicación extraña e incomprensible por parte de la Administración de Justicia, que, como institución pública que es, se sostiene con fondos públicos, es decir, a través de los impuestos de los ciudadanos. En suma: cuando una sociedad madura en su conciencia democrática, comienzan a alzarse las primeras voces ciudadanas reclamando una Justicia que se entienda.” (MONTOLIO DURÁN, E., “Democracia y justicia comprensible. Propuesta de clarificación del discurso jurídico en España”, Revista LA, Nº 26 (2), p. 51-69, 2013).

En definitiva, estamos convencidos de que un mayor acercamiento entre los profesionales de la Justicia y el ciudadano no sólo es posible sino también necesario y que, en la gran mayoría de los casos, lo que se necesita es cambiar paradigmas de funcionamiento, hábitos de escritura, más que pensar en imposibilidades del lenguaje.

Las disposiciones de esta ley es un primer avance ya que, salvo excepciones muy puntuales de funcionarios vanguardistas, es un terreno en el que el país no ha avanzado, lo cual dista de lo que sucede en otros lados del mundo, como en España, que en 2009 creó una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Esta comisión elaboró un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho con el objetivo de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos. Recomendamos su lectura. En especial, a los profesionales del Poder Judicial, ya que si su objetivo es brindar servicios de justicia a la ciudadanía, tienen la obligación de comunicar sus acciones y decisiones de manera comprensible.

Siguiendo algunas de sus recomendaciones, aún debemos avanzar en temáticas como la formación lingüística del profesional del Derecho (en su formación universitaria, en los concursos de cargos del Poder Judicial, en la formación continua de los empleados y funcionarios judiciales) o el acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía (educación para la ciudadanía, en materiales de ayuda legal para ciudadanos).

En el orden internacional, bien valen traer a colación precedentes judiciales. Así, por ejemplo, es importante tener presente que el 16 de octubre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación de México pronunció una de las primeras sentencias en formato de lectura fácil, al conceder el amparo solicitado a Ricardo Adair Coronel Robles, joven de 25 años diagnosticado con síndrome de Asperger (2005141. 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, pág. 536). Es de utilidad exponer el apartado de lectura fácil implementado en aquella ocasión:

Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo, te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tú opinión será lo más importante cuando decidan cosa sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo.”

Ahora bien, en Argentina existen algunos incipientes avances y antecedentes. El tema comenzó a tratarse en algunos congresos, existe al menos un proyecto de ley nacional y algunos precedentes judiciales que van hacia este rumbo.

Un sencillo proyecto de ley de dos artículos, presentado por la diputada nacional Cecilia Carrizo en 2014, propuso la modificación del artículo 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual fija los requisitos de las sentencias. La iniciativa fijaba un nuevo requisito obligatorio para toda sentencia -y no sólo las dirigidas a los grupos que planteamos en el presente proyecto-. El artículo 2 de la presente está inspirado en ese proyecto.

Los medios de comunicación también nos vienen informando de algunos, aislados, ejemplos de resoluciones que disponen un apartado de “lectura fácil”.

Uno de ellos, sobre el cual se inspiró el proyecto de Carrizo, fue la sentencia del titular del Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil n°7, Diego Iparraguirre, quien dictó una sentencia de fácil lectura en el marco de una causa por inhabilitación en los términos del artículo 152 bis del Código Civil de la Nación (Expediente n° 9.133/1.989). Ello a pedido de la curadora interviniente en la causa, quien invocó las normas de Naciones Unidas sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y el Protocolo de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa.

Justamente, la definición de “personas en situación de vulnerabilidad” incluida en el artículo 3 de esta ley es la dispuesta en las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas el Condición de Vulnerabilidad (aprobadas por  la XIV  Cumbre  Judicial  Iberoamericana,  Brasilia,  4  a 6/03/2008, a las cuales adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada Nº  5/2009  del  24/02/2009,  y  mencionadas  como “recurso  disponible” por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Córdoba, Acuerdo  Nº  618  Serie  “A”  del   14/10/2011).  A su turno, el objeto de la presente propuesta legislativa está basado en uno de los derechos establecidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano.

Otro antecedente es el fallo del juez Civil de Villa María Alberto Domenech, quien dictó una resolución en la que le explica a una persona a la que le restringieron la capacidad los alcances de la sentencia. A continuación, copiamos un extracto del apartado dirigido a la persona afectada:

“Buenos días, M. Te explico lo que hicimos en esta carpeta tuya (…) Esta carpeta está hecha para ver qué es lo mejor para vos, luego del accidente que tuviste (…) De los papeles tuyos, y de tus cosas más importantes, se va a encargar tu papá, A. S. P., pero siempre te va a preguntar primero qué es lo que vos querés (…) Si necesitás algo, se lo podés pedir a la gente del hogar, a tu papá, y a tus familiares. También si querés podés pedir hablar con una abogada o un abogado, o con el juez, si tenés alguna duda con esta carpeta.”

De hecho, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de Córdoba ha dictado algunos cursos de redacción judicial para empleados y funcionarios judiciales en los que se incluye la temática. Sin embargo, es necesario un impulso de mayor fuerza para obtener resultados más inmediatos y de mayor alcance.

Existe, así, un estrecho vínculo entre ley, sentencia y lectura fácil, puesto que a través de la selección de los puntos más importantes de un documento judicial para que  se comprendan y se tomen decisiones, los destinatarios de la decisión –al mismo tiempo, protagonistas del conflicto que se ventila en un proceso judicial- pueden conocer los aspectos más importantes de aquélla, así como los que pueden afectar más directamente a sus proyectos y opciones vitales.

Lo expuesto también se encuentra relacionado con una manifestación elemental del derecho fundamental a comunicarse, expresarse e informarse, reconocido en nuestra Constitución Provincial (artículo 19 inciso 10) y en diversos tratados de derechos humanos, en razón de que “todos los ciudadanos…pueden ejercer democráticamente su derecho a participar en la vida socioeconómica de la sociedad en la que viven. El acceso a la información relacionada con la cultura, la literatura, las leyes, las políticas locales y nacionales y el carácter distintivo, es un aspecto fundamental para poder participar en la vida cotidiana. Sólo los ciudadanos bien informados pueden influir o controlar las decisiones que afectan sus vidas y las de sus familiares” (Asociación Europea ILSMH, 1998:5).

Necesitamos una Justicia más cercana al ciudadano, transparente y diáfana. En fin, una justicia de acompañamiento social, comprometida con la democratización de su acceso por los sectores especialmente vulnerables. Es que, en definitiva, un genuino presupuesto de la democracia radica en la exigencia de una justicia comprensible.  Este es un aporte para lograrlo.

 

Liliana Montero

Legisladora Provincial