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7 | 08 | 2019

PROYECTO DE DECLARACIÓN N° 28684. FECHA 07-08-2019. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE CARECEN DE COBERTURA SOCIAL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su preocupación por la situación social del colectivo de las personas con discapacidad de la Provincia de Córdoba que carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de pensiones no contributivas brindadas por el Estado Nacional y que, en los dos últimos años, ha sido intimidada con la quita y amenazada por diferentes mecanismos de restricciones.

Por tal motivo, se solicita al Ministerio de Salud para que a través de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba interceda ante los organismos nacionales correspondientes para que rectifiquen las medidas administrativas y encuentren una su solución inmediata para que los cordobeses y cordobesas que se ven afectados por esta situación puedan gozar de los derechos de asistencias en tiempo y forma como les corresponde.

Liliana Montero

Legisladora Provincial

FUNDAMENTOS

La situación de las personas con discapacidad en el país y en nuestra Provincia ha sufrido de múltiples vulneraciones de derechos que, en los últimos años, se ha visto agudizada por medidas autoritarias y poco solidarias con esa población.

Nos preocupan, entre otras cosas, los diferentes mecanismos de restricciones:

1) quita de pensiones; 2) exigencia de certificado médico obligatorio digital que las provincias no se encuentran capacitadas a brindar; 3) estancamiento de presupuesto sin actualización según índice de inflación; 4) suspensión y atraso de pagos a prestadores corrientes y complementarios del Programa Incluir Salud correspondientes a atenciones brindadas durante 2017, 2018 y 2019; y 5) provincialización del servicio de transporte para personas con discapacidad que ocasionó grandes inconvenientes; entre otros.

En el país existen al menos, 1.156.000 personas que cuentan con pensiones no contributivas provistas por la Agencia Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación para afrontar servicios de asistencia, cobertura y satisfacción de las necesidades que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos.

Según la Federación CONVERGER, Organización Civil de segundo grado que nuclea a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de la Provincia de Córdoba y es miembro activo del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los últimos años la situación social de las personas con discapacidad se ha visto agravada para quienes carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de pensiones no contributivas; y 35.000 de ellas se encuentran en el Programa Incluir Salud a través del cual reciben prestaciones y servicios en el marco del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Un porcentaje de estos servicios y prestaciones se desarrollan actualmente en la Provincia de Córdoba.

Sin embargo, desde hace ya un poco más de dos años, el Gobierno Nacional ha establecido una política en detrimento y deterioro del sistema, a través de la toma de medidas unilaterales, que afectan no solo a las personas con discapacidad sino a sus familias, instituciones, profesionales y transportes de la Provincia de Córdoba.

Una de esas medidas, fue el avance sobre la quita de las pensiones no contributivas tomando criterios que estaban establecidos en decretos que han perdido vigencia. Esta situación, que la justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad y sus funcionarios desconocen, avanza sobre la vulneración de derechos. En este contexto, se suma la reciente resolución que exige, bajo amenaza de la pérdida de pensión, un certificado médico obligatorio digital que muchas provincias no se encuentran en condiciones de responder.

Sumado a esto, y a la creciente crisis económica que afecta a los costos de vida, en los últimos meses, la Federación CONVERGER advierte que han sido testigos y padecen un brutal embate desde el Programa Incluir Salud dejó de pagar las prestaciones corrientes y complementarias brindadas en la Provincia durante los años 2017, 2018 y 2019. La realización de un débito preventivo, arbitrario, universal y sin justificación ni auditoría aplicados sobre agosto, septiembre y octubre de 2017, continuó con débitos injustificados otorgadas frente al trabajo realizado. Recién ahora, se van conociendo los débitos correspondientes a las prestaciones brindadas en el mes de marzo del corriente, que aún no ha sido abonado y ronda en un 70% e impiden funcionar a las instituciones ya que no pueden afrontar las más elementales obligaciones de funcionamiento como el pago de sueldos, Afip, alimentación y servicios, entre otros.

Por otro lado, también se llevó a cabo la provincialización del transporte que significó numerosos inconvenientes para las personas y el requerimiento de asistencia solicitado por el Programa Federal Incluir Salud que intenta romper con la mensualización del sistema.

Por lo expresado anteriormente, urge una inminente intervención, asistencia y ayuda por parte de los representantes provinciales a los efectos de requerir a las autoridades nacionales la rectificación de las medidas administrativas y su solución inmediata para permitir que las personas más vulnerables del sistema no caigan en la pobreza extrema y el padecer su discapacidad sin arbitrio de un Estado que los deja severamente desprotegidos y más vulnerados.

Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.

Liliana Montero

Legisladora Provincial