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CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME 2016 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

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  1. I.                   Lo que debería hacer y su “pecado de origen”

La figura del Defensor del Pueblo, también conocido como ombudsman, fue concebida para ejercer una función específica y fundamental: proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderes públicos. Es decir, defender a los más débiles de quienes pueden pisotear sus derechos por ejercer la autoridad en un Gobierno, es, en definitiva, una forma de compensar las asimetrías de poder.

Esto no es solo una cuestión de origen histórico o de derecho internacional comparado. En la provincia de Córdoba, el organismo también se creó con ese fin. Lo establece muy claro tanto la Constitución Provincial como la ley que lo originó (ley 7741). La ley 7741 (artículo 11) determina las cuatro funciones del Defensor, muy claras:

1. Defender los derechos colectivos o difusos frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Provincial.

2. Supervisar, en la Administración, la aplicación de las leyes y demás disposiciones.

3. Supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales.

4. Receptar todo tipo de denuncias ecológicas que sean realizadas a través de la implementación del sistema telefónico denominado “Número Verde”.

Es más, el artículo 12 establece una enumeración también muy clara de lo que es Administración Pública Provincial (es decir, de la cual debe defender a los ciudadanos y a la que tiene que supervisar, según incisos 1 y 2) a los fines de esa ley: la administración centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria y todo otro organismo del estado provincial cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo o lugar donde preste sus servicios.

De hecho, es tan importante este organismo, que la Constitución prevé que su designación la realice el Poder Legislativo por mayoría agravada (dos tercios de sus miembros) y para su remoción se prevé el mismo mecanismo que para las máximas autoridades provinciales (como el gobernador y los miembros del Tribunal Superior de Justicia), es decir, el juicio político.

Sin embargo, según surge del informe anual que tomó estado parlamentario recién la primera semana de agosto –cuando debería haberlo hecho antes del 1º de marzo[1]-el organismo no “molesta” a los poderes públicos y, por lo tanto, no defiende a los ciudadanos. En definitiva: no cumple con sus funciones. Deja a los ciudadanos indefensos mientras se dedica a organizar encuentros musicales e, incluso, a dar talleres de oficio.

Se comporta como una ONG, las cuales realizan un enorme y necesario trabajo muchas veces con escaso o cero presupuesto, mientras el Defensor del Pueblo fue creado para ejercer otra función con un presupuesto que casi ninguna –o ninguna- organización social maneja. En definitiva, la Defensoría cuenta con herramientas legales para defender a los ciudadanos y un presupuesto específico designado para ese fin de 85,6 millones de pesos[2].

En el informe presentado por la Defensoría sobre la gestión de 2016[3], los IV tomos suman un total de 1.198 páginas en las que describe el trabajo del organismo. 1.198 páginas para, en realidad, describir todo lo que NO hace; esto es, NO defender a los ciudadanos de los abusos del poder público –en este caso, de la Administración Provincial-, NO supervisar la Administración Provincial, NO supervisar la prestación de los servicios públicos provinciales.

Y decimos que actúa como una ONG o, en el mejor/peor de los casos, como una mera repartición del Poder Ejecutivo, porque salvo unas pocas acciones excepcionales, los programas estables de la Defensoría realizan tareas propias del tercer sector o de un organismo de la administración pública provincial.

Habrá que repetirlo para que quede claro: la Defensoría fue creada para controlar el Poder Ejecutivo provincial, no para ejercer sus funciones –o, incluso, solaparlas-.

Un típico Defensor del Pueblo, por ejemplo, crearía programas para intervenir concretamente ante hechos, actos u omisiones de agentes de la administración pública provincial, sus entes descentralizados, las fuerzas de seguridad, empresas del Estado que causen una amenaza, vulneración o menoscabo a los derechos de los y las ancianos y ancianas.

Visitaría hospitales, realizaría informes sobre sus deficiencias –infinitas- y pondría en la agenda pública la necesidad de que la Provincia dé respuestas; enviaría recomendaciones a los ministerios provinciales, propondría más proyectos de ley, iría a  cualquier centro de privación de libertad con el objetivo de detectar situaciones de vulneración de derechos, etcétera.

La verdad es que el organismo también tiene un “pecado de origen”, tanto la institución como el su representante, Mario Decara.

Su representante, porque el nombramiento para su primera gestión -2008-2013- fue un escándalo y un avasallamiento a la Constitución Provincial ya que la Legislatura no respetó en la votación los dos tercios de los miembros que establece aquella para nombrarlo.

La institución, porque quienes la crearon (por ley 7741, sancionada en 1988) tuvieron bien en claro que no había que darle demasiados atributos: mientras menos potestades, menos posibilidades que haga ruido. Y todos los gobiernos y oficialismos que prosiguieron tampoco reformaron la ley para aumentar su autoridad y potencialidad en la defensa de los abusos del poder.

Sucede que la ley no le otorga la denominada “legitimación activa procesal”, es decir, la potestad para presentar una demanda en la Justicia y, eventualmente, ser parte en la tramitación de un juicio[4].

Es más, el artículo 16 de la ley 7741 establece que en ningún caso podrá el Defensor del Pueblo “requerir decisiones de los Tribunales de Justicia”.

Pero pasaron 29 años de la sanción de esa ley y ningún oficialismo provincial tuvo la iniciativa de promover una ley que le otorgara más facultades. Sólo bastaba una decisión política, pero ¿quién quiere ser controlado en nuestra provincia?

Es por ello que presentaremos un proyecto de ley para dotar al Defensor de la facultad de interponer acciones en sede judicial.

No obstante esta falencia en la ley, tenemos en claro que la incorporación de esta facultad no necesariamente va a variar el accionar, toda vez que durante todos estos años, ni siquiera hizo aquello para lo que sí estaba habilitado. En definitiva, las leyes no resuelven la falta de compromiso con el pueblo y de decisión política para actuar.

¿Qué acciones sí puede realizar el defensor para cumplir las funciones de representación y supervisión al Ejecutivo provincial encomendadas por ley?

 El artículo 14 de la ley 7741 establece:

  1. Solicitar informes, los que deberán ser respondidos en un plazo de diez días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado cuando, a juicio del Defensor del Pueblo, concurran circunstancias que así lo aconsejen.
  2. Requerir de las autoridades de los organismos administrativos, entidades y empresas enunciados en los Artículos 12 y 13, la remisión de expedientes, informes, documentos, actuaciones, datos y elementos que estime útiles a los fines del cumplimiento de su cometido o copia fehaciente de los mismos.
  3. Instar a la Administración para que realice las investigaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos que motivan su actuación. A tal efecto, fijará los lineamientos que deberán tenerse en cuenta en la realización de las mismas.
  4. Informarse sobre la marcha de las investigaciones a que se refiere el inciso 3.

La negativa o negligencia en la remisión de los antecedentes mencionados en los incisos 1 y 2, o en la realización de las investigaciones a que se refiere el inciso 3 del presente artículo, será comunicada por el Defensor del Pueblo a la Legislatura, al organismo pertinente y al funcionario jerárquico que corresponda, según su criterio.

En tanto, el artículo 15 de la ley 7741 dice que el Defensor tiene las siguientes facultades:

  1. Sugerir la modificación de criterios utilizados para la producción de actos administrativos y resoluciones.
  2. Formular a las autoridades y funcionarios, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.
  3. Instar a las autoridades administrativas respectivas al ejercicio de sus potestades de inspección y de sanción, cuando sus actuaciones se hubieren provocado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante.
  4. Sugerir al Poder Legislativo o a la Administración la modificación de normas, cuando llegase al convencimiento de que su cumplimiento resulta perjudicial para el administrado o provoca situaciones injustas.En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3, los funcionarios o responsables deberán informar al Defensor del Pueblo si decidieron no aceptar sus sugerencias, recomendaciones, advertencias, recordatorios o instancias, consignando las razones que informan su decisión. Si no obtuviese respuesta incluirá expresamente el asunto en los informes a que se refiere el Artículo 19.
  5. Promover ante los organismos públicos correspondientes, las actuaciones necesarias para dar curso a las denuncias previstas en el punto 4 del artículo 11.

Sin embargo, del Informe Anual 2016 se desprende que los programas y/o institutos de la Defensoría poco y nada tienen que ver con las funciones establecidas por ley, lo cual desnuda su mal desempeño.

 

  1. II.                 Lo que hace pero no son las funciones que establece la ley

Del informe se desprende que las actividades más importantes de la Defensoría podrían resumirse en cuatro grandes áreas: prevención, capacitación, mediación y estadísticas. Es decir, todas atribuciones que, en realidad, debería cumplir el Poder Ejecutivo.

Prevención. Lejos de ser un contrapeso al poder, el defensor está abocado especialmente a tareas de prevención; actividades que, si bien son de suma importancia para la sociedad, le corresponden institucionalmente, como hemos mencionado, al Poder Ejecutivo.

Ejemplos: existe un instituto creado para hacer tareas de prevención en adicciones (IPADEP – Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba); la descripción del Instituto de género y Promoción de la Igualdad es la “prevención de la violencia” (página 6, Tomo II) –y así se manifiesta en los objetivos de la campaña “Pintó el amor…? Que sea sin violencia”-, se dan charlas sobre seguridad en internet para la “prevención de delitos informáticos (página 15, tomo III)… los ejemplos son abundantes.

Capacitación. También realiza acciones de capacitación, cuando en la provincia de Córdoba la oferta educativa es enorme, con capacitaciones brindadas por la Administración Pública; por centros, universidades y terciarios públicos y privados. Es más, la misma Provincia financia una universidad propia.

Estas capacitaciones van desde la “Diplomatura en desarrollo ambiental, regional y sustentable”, a capacitaciones en violencia de género e, incluso, un “Curso gratuito de reparación de PC”.

Mediación. Otra área importante es el de la mediación comunitaria. Si bien es un servicio muy importante para los vecinos de Córdoba, una vez más, estas tareas se superponen con las del Poder Ejecutivo. En la Municipalidad de Córdoba –y seguramente en otras localidades del interior- existe un área específica de mediación vecinal y la Administración Provincial tiene una.

Hay que volver a decirlo: el Defensor no está para resolver conflictos entre particulares, sino, para actuar ante irregularidades de la Administración Pública.

Estadísticas. Tienen un instituto creado específicamente, cuando la generación de estadísticas es una responsabilidad del Ejecutivo (ver INEDEP).

Excepciones. Sólo excepcionalmente aparece la tarea de Decara o del organismo como un verdadero defensor de los derechos de los ciudadanos. Entre esas excepciones, encontramos los siguientes y escasos ejemplos: presentación de un proyecto de ley para que Córdoba adhiera a la ley nacional de violencias hacia la mujer (ley 26.485), el accionar del Instituto de Ambiente (ver aparte), la participación institucional en (cuatro) audiencias públicas (a ninguna acudió Decara).

Llama poderosamente la atención que las pocas acciones que enfrentaron de alguna manera al poder real, la “jurisdicción” elegida como blanco de críticas no sea la Administración Provincial -que es, por ley, a quien debe supervisar- sino, el plano municipal o Nacional.

Ejemplo de esto último: cuando la Defensoría objetó el lugar elegido para instalar la planta de enterramiento de basura de Cormecor (jurisdicción municipal), cuestiones relativas a los créditos Procrear (programa Nacional), la solicitud de todos los defensores del país a instancia de Decara para que se investigue a Visa y a Mastercard por conductas anticompetitivas (solicitud a organismos nacionales), etcétera.

 III.              Análisis de algunos programas/institutos de la Defensoría

Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INDEP)

Es un organismo de estadísticas. Es decir, produce información cuantitativa que no tiene por qué originar el Defensor. Por ejemplo: información sobre diversas “canastas” (canasta básica alimentaria, costos de estudiar en Córdoba, canasta navideña, canasta de Pascua) o informe de precios en ferias francas, informe sobre cambios en los hábitos de consumo y hasta una encuesta sobre usos de celulares.

Superposición de tareas. Existe un organismo específico en el Poder Ejecutivo provincial. Programa de Estadística Provincial (Programa 082 del Ministerio de Gobernación) y el programa INDEC Córdoba con un presupuesto de 48 millones y 5 millones de pesos respectivamente.

Instituto de Género

Prácticamente todas las actividades que realiza son de prevención y estadísticas. Entre ellas:

  • Campañas de información y visibilización o sensibilización, especialmente dirigida a jóvenes.
  • Actividades de sensibilización, formación y capacitación externas.
  • Feria de juegos para concientizar sobre las violencias en las relaciones de pareja.
  • Talleres de Prevención de la Violencia en el Noviazgo Adolescente.
  • Estudio sobre las percepciones de los varones en relación al acoso callejero hacia las mujeres.

Superposición de tareas. El Poder Ejecutivo tiene –es su obligación- varios programas de prevención de violencia de género, con abultados presupuestos. Por ejemplo:

  • Prevención, Detección Y Erradicación De La Violencia Familiar, De Género Y Trata De Personas. Presupuesto: 93,7 millones de pesos. (Programa 070, Ministerio de Justicia).
  • Consejo Provincial De Las Mujeres. Presupuesto: 22,7 millones.
  • La Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, con un presupuesto de 1.966 millones de pesos, tiene una gran cantidad de programas que se superponen con las actividades del Instituto de Género de la Defensoría.

Instituto de Prevención de Adicciones (IPADEP)

Este instituto, directamente, no debería existir en la Defensoría. Reiteramos, el Defensor no tiene un mandato legal de actuar en tareas preventivas, esa es una potestad y obligación del Poder Ejecutivo provincial que, además, también realizan organizaciones de la sociedad civil, apoyadas en muchas ocasiones con recursos provinciales.

El instituto está “abocado a la formación de recursos humanos tendientes a promover estrategias preventivas en conductas adictivas, procurando facilitar una respuesta integral a la problemática del consumo de sustancias desde un abordaje local” (Informe Anual 2016, Tomo II, página 226).

Según el Informe Anual 2016, las actividades estuvieron centradas casi exclusivamente en capacitaciones en prevención de adicciones.

Superposición de tareas. El Poder Ejecutivo tiene –es su obligación- varios programas de prevención de adicciones. De hecho, existe el Programa de Asistencia Y Prevención De La Adicción, con un presupuesto: 30,8 millones (programa 681, Ministerio de Salud de la provincia.

Instituto de Ambiente (INADEP)

La creación de este instituto entra perfectamente dentro de las funciones del Defensor, ya que este tiene el mandato de proteger los derechos colectivos y difusos de la ciudadanía y, a la vez, supervisar que la Administración Pública provincial cumpla las leyes.

Así, algunas tareas sí parecen dentro de las obligaciones de la Defensoría, en especial las descriptas bajo el título “Soporte técnico en materia de Medio Ambiente” (a partir de la página 279, Tomo II del Informe Anual 2016). Por ejemplo, la intervención en la audiencia pública por la Ley de Bosques (ya mencionada) o la intervención de la Defensoría ante la deforestación de 20 hectáreas de bosque nativo por parte de la firma Dinosaurio.

Llamativamente, el instituto/programa que más se acerca a las funciones para las cuales fue creada la figura del Defensor es el que menos presupuesto tiene: apenas 90 mil pesos para todo el año 2017[5].

Sin embargo, otras acciones que realiza el instituto sí están lejos de las funciones de la Defensoría, como las actividades de capacitación, como el caso de la Diplomatura en Desarrollo Ambiental Regional Sustentable.

Centro de Mediación Comunitaria

Como se mencionó, si bien es un excelente servicio, no es la Defensoría el organismo que debería ofrecerlo ya que no es su función actuar en conflictos entre particulares (de eso se trata la mayor cantidad de casos de la mediación comunitaria): para eso existen espacios en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, tanto de la Provincia de Córdoba como de la ciudad de Córdoba.

Superposición de tareas. Programas existentes:

  • La Municipalidad de Córdoba cuenta con un servicio de mediación vecinal, a pocos metros de donde se encuentra la Defensoría.
  • La Provincia tiene una Dirección de Resolución de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos (Programa 414 del Ministerio de Justicia, presupuesto: 563 mil pesos).
  • La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con un dispositivo de mediación.
  • El Poder Judicial de Córdoba cuenta con un Centro de Mediación.
  • La Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente cuenta con dispositivos de mediación

Otros programas

Otros programas de la Defensoría van por la misma senda de la prevención y la capacitación, lejos de las funciones para las cuales fue creada la Defensoría. Estos son: Educación para la Seguridad Vial, Navegación Segura por Internet, Bastón Verde y Aprender a Elegir (todos descriptos en el tomo III del Informe Anual 2016).

Para estos programas se produce merchandising (como remeras), además del merchandising y cartelería institucional, donde sobresale el nombre Mario Decara; es decir, no se limitan a promocionar la institución, tienen como fin también darle publicidad, con dinero público, a la figura pública del defensor.

 Superposición de tareas. Ejemplo:

El programa “Educación para la seguridad vial” (que básicamente da cursos y charlas a estudiantes secundarios y lleva adelante las campañas “Conductor Designado” y “Bici Segura”) se superpone con los programas que tienen el mismo fin del Ministerio de Gobierno con una asignación presupuestaria muy importante. Estos son: Seguridad Vial y Prevención (programa 755) con un presupuesto de 340,8 millones de pesos; Seguridad Vial y Prevención dentro de la Policía de Córdoba (programa 758) con un presupuesto de 193 millones, y la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial con un presupuesto de 38,6 millones de pesos.

 Atención al público

Si bien existe un acápite en el tomo III del informe que da cuenta de los reclamos atendidos en la Defensoría durante 2016, su descripción es insuficiente.

Esta tarea debería ser la central de la Defensoría ya que su esencia es proteger al ciudadano de los abusos del poder público; sin embargo, está descripta de manera muy acotada en el Informe Anual 2016, el cual le dedica apenas 9 páginas de las 1.198 en el acápite y otras 10 en el punto sobre Dirección de Despacho y Atención al Público (página 185, Tomo III), sin brindar cifras de la cantidad de reclamos atendidos –sólo se dan porcentajes-.

Superposición de tareas. Llama la atención, además, que la Defensoría se haya transformado en una “oficina” o “sede” para tramitar la tarifa social. En vez de tramitar reclamos, ofició durante 2016 de receptor de solicitudes para ser incluido en la Tarifa Social para el servicio de gas domiciliario y el suministro de energía eléctrica. Volvemos a decirlo: no son funciones que le correspondan.

 IV.              Conclusiones – Palabras finales

El Defensor del Pueblo se ha transformado en una estructura burocrática al servicio de intereses totalmente ajenos a los que son de su competencia, violando sistemáticamente lo que la ley le manda, evitando deliberadamente cuestionar o controlar al poder político, gastando millones de pesos de los cordobeses en tareas que, algunas podrán servir, pero que no son propias de su función, y otras ostensiblemente muestran negocios propios y acciones tendientes a promocionar y ensalzar el ego de su titular.

Nos hemos tomado el trabajo de leer rigurosamente el informe anual, que a destiempo ingresó al recinto legislativo para que tome estado parlamentario, y creemos que son mil páginas que constituyen la evidencia más clara de la violación al mandato constitucional y legal que día a día lleva adelante el Defensor del Pueblo.

Ya hemos manifestado en otro momento lo inadmisible que resulta el manejo presupuestario hecho por el Defensor; de los 85.670.000, 67.540.000 corresponden a la partida de personal. Es decir, el 78% del presupuesto corresponde a personal y, del total de lo que corresponde a ese rubro, el 52% es para personal contratado. Como así también es una desmesura el gasto previsto para publicidad, que asciende a $4.110.000.

En definitiva, es lamentable lo que han hecho con la Defensoría del Pueblo, han desvirtuado sus funciones, mal utilizado sus recursos pero fundamentalmente han desprestigiado sistemática y sostenidamente un instituto central de la Democracia moderna.

Lo que sucede con la Defensoría del Pueblo es la consecuencia directa de privilegiar los negocios políticos de unos pocos en desmedro del interés colectivo.

                                                           Liliana Montero

Legisladora provincial


[1] El artículo 19 de la ley 7741 prevé lo siguiente:El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada, en un informe que le presentará antes del 1 de marzo de cada año, sin perjuicio de los informes que en cualquier oportunidad eleve o le soliciten las Cámaras o los Legisladores individualmente. Asimismo, deberá informar a cada interesado del resultado de su intervención. Podrá informar a la opinión pública las conclusiones de sus trabajos y actuaciones.El informe anual al que se refiere este artículo será publicado en el BOLETÍN OFICIAL.
[2]  Es el monto que figura en el Presupuesto aprobado. Sin embargo, según la ejecución presupuestaria a marzo de 2017, la Defensoría ahora manejaría un presupuesto de 95,4 millones. El resto de los datos del presupuesto mencionados en este informe corresponden a los datos que figuran en la ejecución presupuestaria de marzo de 2017.
[3] Los informes están en www.defensorcordoba.org.ar/informeAnual.aspx
[4] A diferencia del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes que, por ley 9396, puede “interponer acciones para la protección de los derechos de lasniñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal”.
[5] Según la última ejecución presupuestaria disponible, a marzo de 2017, el presupuesto de la Defensoría va en los siguiente ítems:  Actividades Centrales 86,1 millones; Defensor del Pueblo con el Interior 1,7 millones, Centro de mediación comunitaria 1,9 millones; Instituto de Estadística (Inedep) 1,7 millones; Instituto de Género y promoción dela Igualdad 2,9 millones; navegación Segura por Internet 151 mil; Educación para la Seguridad Vial 394 mil pesos, Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo 90 mil pesos; Instituto de Prevención de Adicciones 361 mil.